Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Las cifras oficiales son contradictorias pero se estima que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado enfrenta un déficit de 10 mil policías, mientras que la Procuraduría General de Justicia necesita con urgencia alrededor de mil elementos, entre policías, agentes del Ministerio Público y peritos.
Ambas instancias de seguridad y justicia están inmersas en una grave crisis de falta de personal, que produce consecuencias sociales terribles por la escalada de la violencia que se vive en la entidad como sucede en la mayor parte del país.
Mientras la delincuencia se recrudece, con expresiones muchas veces sanguinarias, las instancias encargadas de combatirla están diezmadas.
¿Dónde esta el problema? Las causas son diversas, pero en lo personal me parece que dos han sido decisivas para que, tanto la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, no hayan podido agilizar el reclutamiento de personal que les permita resolver el déficit de recursos humanos que arrastran desde el 2010.
Una de esas causas es , sin duda, la rigurosidad del control de confianza que se aplica a cada aspirante a policía. La batería de exámenes está diseñada casi casi para encontrar la perfección humana, como si ello fuera garantía de que una vez en la corporación el policía será incorruptible.
No estamos pidiendo o sugiriendo abrir la puerta de las corporaciones de policía a bandidos o “fichitas”, pero si sería prudente que se revisara, por ejemplo, la conveniencia o viabilidad de eliminar el famoso polígrafo, por ser el examen que mayor reprobación produce a pesar de que, científicamente existen dudas sobre la confiabilidad del mismo como instrumento de evaluación de la honestidad de una persona.
Otro taponamiento en el reclutamiento se da en el requisito de escolaridad. Siempre será deseable que los policías tengan una carrera universitaria, pero ante las circunstancias parece haber llegado el momento de abrir el camino a los jóvenes bachilleres, como ya lo han hecho otras entidades como Nuevo León, con excelentes resultados.
Un joven egresado de educación media superior es alguien con una formación educativa aceptable, pero sobre todo es una persona que todavía no esta contaminada con las debilidades propias de la naturaleza humana.
Lo que otros estados han hecho es reclutar a bachilleres, con la condición de que una vez dentro de las policías inicien una carrera profesional con un esquema de subsidio.
La otra causa del fracaso del reclutamiento es lo peligroso que resulta ser policía, y sobre todo las pobres prestaciones que percibe un agente de la ley. No hay congruencia entre el riesgo y el pago.
Es ahí donde está la explicación de tanto desprecio o desinterés de las convocatorias que hacen las instancias de seguridad y justicia, a pesar de las atractivas becas que ofertan a los interesados.
Bajo esa situación, mientras el Gobierno no se decida a modificar los requisitos de ingreso a las corporaciones, y a invertir lo suficiente para que sea realmente atractivo ser policía, las instancias de seguridad y justicia seguirán diezmadas con el riesgo de que al paso de pocos años el problema se agrave, porque son más los que salen que los que entran debido a las bajas que se dan por fallecimientos, por ceses o renuncias.
Esperemos que las autoridades lo entiendan pronto porque mientras tanto los ciudadanos seguimos atrapados en una pesadilla llamada inseguridad pública.
ASI ANDAN LAS COSAS.