Por Redacción Noticentro.
El Juez Primero de Distrito de Ciudad Victoria, difirió para el 28 de junio próximo la audiencia Constitucional donde resolverá el juicio de amparo promovido por el exgobernador, Eugenio Hernández Flores, contra la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, (SER), de extraditarlo a Estados Unidos.
La razón del aplazamiento es que, el Juzgado no ha recibido los informes de todas las autoridades que el quejoso señaló como responsables en la demanda de amparo, 788/2018, que promovió a través de su defensa.
Dentro del acuerdo emitido , el Juez hizo también una previsión a los defensores del exmandatario tamaulipeco, por no haber señalado como autoridad responsable a la Cámara de Diputados a pesar de que el acto de autoridad impugnado está fundamentado en un Tratado Internacional y en la Ley de Extradición Internacional.
La demanda de amparo fue presentada por el exgobernador el pasado 30 de abril. El acto reclamado es la resolución emitida el 2 de marzo por la Secretaría de Relaciones Exteriores, autorizando su extradición a Estados Unidos para ser procesado por la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas , a pesar de que un Juez federal había opinado que no era procedente entregarlo al gobierno vecino y que debería ser juzgado en México.
El pasado dos de mayo, dentro del juicio de amparo, el Juez de Distrito concedió a Hernández Flores la suspensión de plano, lo que significa que la extradición no debe ser ejecutada hasta en tanto se resuelva la demanda de amparo respectiva.
Mientras tanto, deberá permanecer en el Centro de Ejecución de Sanciones, (Cedes), a disposición del Juez, por lo que hace a su libertad personal.
El exgobernador enfrenta en Estados Unidos cargos de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero; asociación delictuosa para cometer fraude bancario, y operar un negocio ilícito de envío de dinero.
En forma paralela, el exmandatario enfrenta el proceso penal 67/2017 en el Juzgado Segundo Penal, por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita por presuntamente haberse apoderado ilícitamente de 68 hectáreas en el municipio de Altamira, que eran propiedad de la hacienda pública estatal.
Hernández Flores permanece internado en el Cedes capitalino, desde el 6 de octubre del 2017.
