Por Redacciòn Noticentro.
Las personas que se sientan agraviadas o lastimadas por publicaciones realizadas en redes sociales, pueden acudir ante un Juzgado Civil para reclamar un daño moral, afirmó el coordinador de los diputados del PRI, Alejandro Etienne Llano.
Dijo que si bien es cierto no existe una regulación legal para las redes sociales, también lo es que los ciudadanos tienen como alternativa la vía Civil para proceder legalmente contra quienes los hayan dañado en su imagen pública con alguna publicación.
Recordó que en Tamaulipas la difamación es un delito derogado desde hace muchos años, por lo que la vía para reclamar una afectación es la Civil.
Aclaró, sin embargo, que concretar una demanda Civil requerirá de mucho esfuerzo, porque por lo general cuando se difunde una “Fake News” se hace de manera anónima.
El también ex Presidente del Poder Judicial del Estado lamentó el mal uso que se hace de las redes sociales, sobre todo a través de publicaciones que buscan manipular a la ciudadanía o bien para dañar a determinada persona.
Ante esa situación, y lo complicado que resulta regular legalmente el uso de las redes sociales, dijo que el camino es promover un programa de concientización social para promover el uso responsable de ese medio de comunicación.
“Todos tenemos que hacernos responsables de lo que publicamos. Todo mundo debe ser responsable de lo que diga o publique. Debemos buscar que siempre prevalezca la verdad” indicó.
Insistió en que mucho de lo que se difunde en redes se hace de forma anónima y casi siempre tiene un propósito mal intencionado, por lo que ante ello lo que cabe es que sea la misma sociedad la que impulse un uso responsable de ese canal de comunicación.
“Quienes opinemos debemos hacerlo de frente y con responsabilidad, porque luego lamentablemente la gente se cree todo lo que ve en internet” señaló.
Durante los últimos años, distintas instancias de Gobierno han venido advirtiendo de lo peligroso que se están tornado las redes sociales, porque a través de ellas se cometen delitos como a trata de personas, los fraudes y otros más graves.
De hecho, cada vez son más las voces que apuran la creación de un marco jurídico que regule el uso de ese medio de comunicación, aunque hay otro sector que se opone bajo el argumento de que se violentaría el derecho a la libertad de expresió
