Por Redacción Noticentro.
El ex presidente estatal de los Notarios Públicos, Alfonso Fuentes García, admitió que pueden haber existido casos de fedatarios que avalaron operaciones irregulares de transferencia de propiedades de inmuebles, pero lo hicieron obligados por la delincuencia, por lo cual demando garantías para el gremio.
“Si alguien llega a tu oficina, como sabemos que llega, y te exige dar fe de una operación de compra-venta, ¿ a quién podemos recurrir para decir, lo hago o no lo hago?, ¿a quien te puedes acercar para denunciar que te están obligando” indicó.
Dijo que los Notarios Públicos son vulnerables como cualquier ciudadano, sobre todo en municipios fronterizos con mayor presencia de la delincuencia, como el caso de Reynosa.
“Además, nosotros no somos peritos para estar viendo si un documento es válido o no. Actuamos de buena fe y más si te llevan a la persona que va a vender” refirió.
Aceptó que hay mecanismos para verificar la autenticidad de un documento pero no existen los canales adecuados para hacerlo y menos cuando las personas que van a realizar la compra-venta dicen actuar voluntariamente.
Insistió en que, bajo esas circunstancias es muy probable que algunos Notarios Públicos hayan legalizado transferencia de propiedades bajo algún tipo de amenazas o de intimidación.
“Se que han salido declaraciones donde cuestionan la honorabilidad de nuestro trabajo, pero son sentires de los tamaulipecos que han sido afectados, por lo que se debe revisar a fondo cada caso para saber cual fue el motivo por el que el Notario causó la afectación. Hay que revisar por qué lo hiciste, cual fue la razón para ello” indicó.
Fuentes García demandó designar un director de Asuntos Notariales y expedir a los Notarios las acreditaciones respectivas firmadas por el Secretario General de Gobierno.
“Hay ciertos vacíos institucionales. No hemos tenido una reunión con la Subsecretaria General de Gobierno” mencionó.
Por otra parte, lamentó el distanciamiento y desunión que prevalece entre los Notarios Públicos de Tamaulipas, lo cual impide que hagan una defensa conjunta de sus derechos.
