Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Hace cinco años, a Doña Margarita el mundo se le vino encima. Uno de sus hijos desapareció sin dejar rastro cerca de Ciudad Victoria. Simplemente no llegó a casa y su celular dejó de sonar.
Angustiada, hizo lo que la lógica le indicaba: acudió ante las instancias de justicia para denunciar los hechos. Un agente del Ministerio Público le recabó la denuncia, y le ordenó a un perito le extrajera una muestra de ADN, “por si se necesitaba”.
Concluida la diligencia, el funcionario le explicó que se comunicarían con ella tan pronto tuvieran alguna novedad sobre el paradero de su hijo. Nunca la buscaron.
Pese a todo, ella siempre está atenta de la puerta de su casa. Sabe que cada día que pasa se aleja más la posibilidad de volver a ver a su muchacho, pero su corazón de madre le impide resignarse. Su esperanza de que algún día regrese, sigue viva.
Historias como las de Doña Mague se cuentan por miles en Tamaulipas.
De acuerdo con datos de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, desde el 2006 al 2017 se han iniciado 7760 expedientes de personas desaparecidas en la entidad. De ellas, 1777 han desaparecido en los últimos 20 meses.
Sin embargo, no es la monstruosa cantidad de desaparecidos lo que me hace traerle aquí el tema. No. Lo traigo a la mesa por la denuncia que hizo el pasado miércoles, en una mesa de debate sobre la situación de las víctimas del delito, María Josefina de León Mendoza, precisamente presidenta de la Red de Desaparecidos de Tamaulipas, A.C.
Durante su intervención en el debate, organizado por la Casa de la Cultura Jurídica, “Ministro Fernando de la Fuente Sanders”, en el que participaron Jueces federales, defensores públicos y asesores victimales, la activista expuso lo que calificó como, “una tragedia” para quienes tienen un familiar desaparecido.
“La búsqueda de personas desaparecidas en Tamaulipas fue durante muchos años una simulación”, narró ante una nutrida audiencia que acudió interesada en conocer la situación de quienes han padecido el impacto de la ola delictiva en la entidad.
Explicó que durante todos esos años, la autoridad se limitó a cumplir con un protocolo, que consistía básicamente en recabar la denuncia y revisar centros hospitalarios, “por si acaso la persona había sido ingresada a uno de ellos”.
“La participación del Ministerio Público fue durante años una participación desde atrás del escritorio, pasiva. No se iniciaba la búsqueda. No se iniciaba nada de lo que necesitamos. Todo era en base a un protocolo de búsqueda de indagar en alguna institución hospitalaria, pero nunca se salió a campo” detalló.
“ Eso fue una gran tragedia para las familias de todos esos desaparecidos porque nunca hubo una real atención de las autoridades. Ni siquiera hubo la aplicación de un simple sentido común de lo que se tenía que hacer”, abundó.
Y sí, efectivamente como señala De León Mendoza, quien tiene varios años buscando a una hija desaparecida, es una verdadera tragedia el actuar irresponsable de la autoridad.
El actuar del Ministerio Público constituyó un criminal engaño para quienes, como Doña Mague y Doña María Josefina, llevan años ilusionadas en recuperar a sus hijos.
Mientras ellas rezaban y confiaban en que las instancias de justicia trabajaban en una investigación que los condujera ante sus hijos, en realidad los funcionarios se limitaban a archivar expedientes.
Usted estará de acuerdo conmigo en que , efectivamente, aquello fue una verdadera tragedia para las víctimas del delito. Y digo que fue porque la actual administración estatal ha implementado acciones de auténtica búsqueda de esos miles de desaparecidos, lo cual sin duda es un aliciente, un alivio, para todas esas familias que añoran el regreso de su ser querido.
Ojalá y pronto se materialicen resultados en favor de las víctimas. Muchas de ellas, por no decir que todas, al menos quisieran recuperar los restos de sus familiares, y eso es algo que la autoridad les puede conceder. Es lo menos que se merecen.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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