NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO
La Procuraduría General de la República (PGR) acusó que el lavado de dinero, supuestamente realizado por el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, provocó un daño al erario público por un total de 900 millones 99 mil 418 pesos.
Esto tras la adquisición y venta de 22 predios algunos de ellos pertenecientes a la reserva territorial de la entidad que gobernó.
Según datos de la PGR la superficie total de los predios involucrados es de 8 millones 561 mil 959 metros cuadrados, lo que equivale a 2 veces la Isla Mujeres y 10 veces Xcaret. Incluso, el presunto quebranto millonario equivaldría al presupuesto destinado a 2017 para 273 mil elementos de la Secretaría de la Defensa nacional.
No eran cualquier predio, se encontraban en zonas turísticas y tenían importantes metros de extensión territorial y para ello se requirió de personas posicionadas en cargos estratégicos y personas de su total confianza», dijo el agente del Ministerio Público.
Durante la audiencia inicial realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, el ministerio público solicitó la vinculación a proceso del exmandatario por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de ocultar bienes procedentes de una actividad ilícita.
Una vez que terceras personas tuvieron la propiedad de dichos predios, usaron empresas fachada para retransmitir la propiedad y ocultarlas, sabiendo los actos ilícitos.»
Claudia Romanillo, directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE) materializó la enajenación y adquisición ilícita de los predios», señalo la PGR.
Por otra parte, durante la audiencia el ex mandatario estatal, quien platicaba continuamente con sus dos abogados, señaló que padece de un problema en el riñón y requiere de tratamiento así como de descanso por lo que requiere de algunos recesos en su comparecencia ante el poder judicial de la federación.
Roberto Borge, aconsejado por su defensa encabezada por Antonio Collado y Javier López García, se reservó si derecho a declarar ante las imputaciones formuladas por la PGR dentro del expediente 381/2017.
Respecto a los predios investigados por el Ministerio Público, estos se ubican en localidades como Cozumel, Chetumal, Tulum, Bacalar, Playa del Carmen, Cancún e isla Mujeres y, según las investigaciones el exgobernador los utilizó para fines delictivos entre abril de 2011 y septiembre de 2016 en el estado de Quintana Roo, «ocultando los bienes procedentes de actividades ilícitas y realizado en conjunto con otras personas y basado en un plan común».
El juez Artemio Zúñiga dijo que Borge acudió voluntariamente y como hombre libre a enfrentar las imputaciones.
Durante la relación de los agentes del MP sobre los datos de prueba en contra del exgobernador de Quintana Roo salieron a relucir una serie de irregularidades sobre la expedición de licencias para venta de bebidas y que fueron destinadas a tres empresas así como a Roberto Borge Martí.
Según la PGR los expedientes sobre dichos permisos desaparecieron pues, no se hallaron documentos sobre los mismos que concedieron estímulos fiscales entre 90 y 100%.
