Por Redacción Noticentro.
Toda reforma al sistema de justicia debe ir acompañada de recursos presupuestales para que rinda los resultados esperados, advirtió Rolando Barraza Pérez, presidente del Círculo Académico de Juristas, al lamentar que en el caso de la reforma en materia laboral, el Congreso de la Unión no haya previsto el respaldo financiero a las entidades federativas.
“La reforma en materia laboral para que sean los Poderes Judiciales los que asuman la responsabilidad de dirimir los conflictos entre trabajadores y patrones, será benéfica y exitosa siempre y cuando los Gobiernos no le regateen recursos para crear la infraestructura necesaria y la contratación de suficiente personal” señaló.
Dijo que lamentablemente está demostrado que el Congreso de la Unión ni la Federación contemplaron la asignación de presupuestos para materializar el nuevo modelo de impartición de justicia laboral.
Lamentó que los Gobiernos sigan repitiendo esa práctica de dejar todo para resolver “al cuarto para las doce”.
“Así sucedió con el sistema de justicia penal acusatorio, que en el último momento anduvieron apresurando todo para arrancar con la generalidad de los delitos y en todo el Estado. Por eso es importante que no vaya a ocurrir lo mismo con la reforma en materia laboral. Lo ideal es que desde ahorita se vaya trabajando en el diseño de un plan que nos permita como Estado estar listos para arrancar cuando se llegue el momento” mencionó.
Insistió en que el éxito de la reforma laboral dependerá de qué tanto los Gobiernos, el federal y estatal, le inviertan recursos para crear los suficientes Juzgados y dotarlos del personal necesario.
Al respecto, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Horacio Ortiz Renán, ha venido insistiendo precisamente en la carencia de recursos presupuestales para “aterrizar” la reforma en materia laboral.
Admitió que el Estado no tiene dinero para crear y equipar los Juzgados especializados que vendrán a reemplazar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Aunque la reforma Constitucional no establece con claridad la fecha fatal en que los Estados deben comenzar a operar el nuevo modelo de justicia laboral, se prevé que sea a partir del 2018.
En febrero vence el plazo que tienen los Estados para crear el nuevo marco jurídico y Constitucional que sirva de base a la nueva justicia laboral.
