Por Redacción Noticentro.
En los hechos que se le imputan a Eugenio Hernández Flores también aparecen implicados el exgobernador, Tomás Yarrington Ruvalcaba, el ex Secretario de Obras Públicas, Alberto Berlanga Bolado, y el empresario Fernando Cano Martínez.
Debido a ello, se presume la existencia de órdenes de aprehensión en su contra, que estaría tratando de cumplimentar la Policía Ministerial.
Yarrington permanece actualmente recluido en una cárcel italiana acusado por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo reclaman al mismo tiempo los Gobiernos de México y Estados Unidos.
De Berlanga y Cano se desconoce su paradero.
De acuerdo con información disponible, todos ellos, y Hernández Flores, se confabularon para apropiarse de 1600 hectáreas del puerto de Altamira, las cuales compraron a un precio irrisorio de 14 millones de pesos cuando el valor actual es de 1, 584 millones de pesos.
Los terrenos fueron expropiados por el gobierno federal en 1981 para accesos y otras construcciones en el Puerto de Altamira, y en 1994 la federación, a través de un decreto, los transfirió en donación al gobierno del estado a través de la Empresa Canal Intracostero Tamaulipeco S.A, constituida por el entonces gobernador, Manuel Cavazos Lerma.
En el año 2001, el entonces Gobernador Yarrington Ruvalcaba impulsó la constitución del “Fideicomiso Nuevo Santander”, para fomentar el desarrollo Industrial del Estado, y bajo ese esquema, varias propiedades del patrimonio estatal, como las del Puerto de Altamira, se transfirieron al Fideicomiso para su administración.
En 2002, el mismo Yarrington impulsó en el Congreso del Estado la entrega de las 1,600 hectáreas al Fideicomiso, y un mes después, luego de publicarse el decreto en el periódico oficial de Tamaulipas, el Fideicomiso vendió las hectáreas a Cano Martínez a un precio irrisorio de 87 centavos el metro cuadrado pagando por ellas 14 millones de pesos cuando el valor real ese año era de 866 millones de pesos.
En 2007 la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo S.A de C.V. propiedad de Cano Martínez, realizó una operación de venta de los terrenos a GMC S.A de C.V. de Altamira, propiedad de Berlanga Bolado, a un valor de 16 millones de pesos, cuando el precio real en ese año era de 1,054 millones de pesos.
Por la desincorporación de los terrenos propiedad del estado a particulares, en su oportunidad se inició la averiguación previa penal 15/2004, pero permanecía archivada, hasta que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la atrajo para reactivarla.
Derivado de ello, fue detenido Hernández Flores.
