Por Redacción Noticentro.
El gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, envió al Congreso del Estado, una iniciativa de decreto que crea la Ley para la Prevención y Atención Socioeconómica de las Violencias de Tamaulipas, que fortalece la prevención del delito mediante una nueva estrategia para combatir la inseguridad pública en la entidad.
La iniciativa fue recibida por la Diputación Permanente y se prevé sea dictaminada el viernes o lunes próximo, para ser llevada ante el Pleno Legislativo en una sesión extraordinaria a celebrarse el 13 de septiembre.
El ordenamiento normativo establece un nuevo modelo de prevención social del delito, que busca atacar el delito desde las causas.
Por ejemplo, la ley contempla la provisión de servicios públicos encaminados a atender las necesidades socioeconómicas; acciones que promuevan la cohesión social; atender las necesidades de salud, educación y desarrollo social; construcción de infraestructura social y de seguridad; fomento a la participación ciudadana, y el fomento de oportunidades laborales.
Como parte de la nueva estrategia, el estado identificara y atacara los principales aspectos que inciden en la comisión de un delito y la generación de violencia.
Entre esos aspectos figuran la insuficiencia de oportunidades laborales; altos índices de desigualdad social; desconfianza en las autoridades; pérdida de espacios públicos; desintegración familiar y comunitaria; violencia intrafamiliar e inequidades de género.
En la exposición de motivos, el mandatario detalló que frente a los altos índices de criminalidad en el estado, y ante la alta percepción de inseguridad de la ciudadanía y la desconfianza a las instituciones estatales, es necesario replantear la estrategia de seguridad, que en las anteriores administraciones se centró en el fortalecimiento de los servicios policiacos y de impartición de justicia.
“En coordinación con el gobierno federal se han llevado a cabo gastos majestuosos en cursos de capacitación a policías, construcción de infraestructura de seguridad, modernización de equipamiento, entre muchos otros. Sin embargo, derivado de pobres registros administrativos y de, prácticamente, un nulo seguimiento y evaluación del gasto en términos de impacto social, los resultados reales de estas acciones han sido pocos y los ciudadanos de Tamaulipas siguen viviendo con miedo y desconfianza” detalló.
Eso no significa, añadió, que los gastos en materia de fortalecimiento de las capacidades de provisión de servicios de seguridad y justicia no sean necesarios.
“Solo hay que señalar que sin una adecuada estrategia integral de seguridad no se podrán obtener los resultados que demanda la ciudadanía y que es responsabilidad del Estado proveer” indicó.
Por esas razones, dijo, es urgente cambiar el modelo de prevención y combate a las violencias en sus diferentes formas.
“Por lo tanto, para lograr lo anterior, es necesario identificar los mecanismos que generan violencia en una sociedad tan compleja como la tamaulipeca, y de establecer un modelo que busque no hacer frente a los delitos del pasado -por medio de los servicios de seguridad y justicia- sino que busque prevenir la comisión de futuros delitos” mencionó.
