Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Una sentencia absolutoria, dictada la semana pasada bajo el sistema de justicia penal acusatorio, en favor de un hombre acusado de abuso de autoridad, discriminación, lesiones calificadas y violencia familiar, en agravio de un niño autista de la Casa Hogar San Antonio, ha detonado un fuerte conflicto que mantiene enfrentados al Sistema DIF estatal, al Poder Judicial del Estado, y a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El DIF ha expresado abiertamente su condena por la resolución que dejó en libertad al acusado, y advirtió que, “no se permitirán irregularidades de ésta naturaleza que impidan un trato digno hacia los menores”.
Paralelamente ha sido difundido, en redes sociales, un video en el que se aprecia al acusado en presunta flagrancia de la agresión a la víctima, lo que ha exacerbado la indignación social.
Confieso que no conozco a detalle el caso por lo que sería irresponsable emitir una opinión o sobre la resolución que, por unanimidad, emitió el Tribunal de Enjuiciamiento.
No obstante, creo que es propicio aprovechar el asunto para insistir en un tema que, a pesar de su obviedad, ha sido desatendido e ignorado por las autoridades: el desconocimiento de la sociedad (incluidos muchos servidores públicos) acerca de las nuevas reglas que rigen a la justicia penal, y la evidente y grave incapacidad e ignorancia que padecen muchos operadores jurídicos, principalmente agentes del Ministerio Público y Policías Investigadores.
A pesar de que se cumplió un año y dos meses de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, en el que los procesos se desarrollan a través de audiencias orales y públicas, un amplio sector de la sociedad, seguramente mayoría, sigue ignorando las nuevas disposiciones que rigen a la justicia penal.
Eso es así porque a la gente no se le ha informado con suficiencia la nueva modalidad de la justicia penal. Por ejemplo, la ciudadanía no sabe que, en atención al principio de presunción de inocencia, la mayoría de quienes cometen un delito habrán de enfrentar su proceso en libertad, salvo en aquellos casos donde el ilícito sea de los calificados como graves, entre ellos el homicidio , violación y otros.
Esa falta de socialización del sistema acusatorio es grave, desde luego, porque genera una falsa percepción de impunidad.
Pero todavía hay algo más grave que eso: la falta de preparación de los operadores jurídicos, porque esa ineptitud es lo que da pie a hechos como el de la sentencia absolutoria de que le cuento.
En este caso es muy probable que el ilícito haya ocurrido, pero si el agente del Ministerio Público y la Policía fueron incapaces de probar la responsabilidad del acusado, a los Jueces no les queda otra alternativa que absolver.
Luego entonces, lo que queda o debe quedar de enseñanza de estas historias es la urgencia de intensificar la capacitación de todos los que operan el sistema de justicia penal, pero también de implementar un vasto programa de difusión para que la ciudadanía conozca que en la aplicación de la ley penal hay nuevas reglas.
Si se hace de esa manera, seguramente el sistema de justicia penal será cada vez más eficiente y habrá menos historias de pifias en las que se absuelve a delincuentes a pesar de su evidente culpabilidad.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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