Por Redacción Noticentro.
El Congreso del Estado avaló una minuta de reforma a la Constitución Federal en materia de justicia cotidiana, para homologar en el país la legislación procesal en materias Civil y Familiar, y evitar que los Jueces privilegien tecnicisimos procesales por encima de las situaciones de fondo.
En sesión extraordinaria, el Pleno Legislativo respaldo el documento que le remitió la Cámara de Diputados, que plantea reformas a los numerales 16, 17 y 73 de la Ley Suprema del país.
La aprobación de la minuta es importante porque, para que la reforma Constitucional quede firme se requiere el respaldo de 17 legislaturas.
Al artículo 16 se le hará una adición para establecer que cuando se trate de juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio que tengan como regla la oralidad, será suficiente que quede constancia de lo actuado en cualquier medio que dé certeza de su contenido.
Por lo que se refiere a la adición del artículo 17 Constitucional, la Minuta plantea establecer en la Norma Suprema un principio aplicable a todo juicio o procedimiento seguido en forma de juicio, para que el órgano de impartición de justicia se aboque a la solución del conflicto, mas allá de eventuales inconsistencias o insuficiencias de forma que no contravengan el debido proceso, la igualdad entre las partes o los derechos de las mismas.
Con esto, se busca que los Jueces otorguen atención prioritaria y primordial a la resolución de fondo de las cuestiones planteadas por las partes en vez de priorizar las formalidades procesales.
La adición al artículo 73 Constitucional se faculta al Congreso de la Unión para que expida la legislación única en materia procesal civil y familiar , para que se homologue en el país la norma procedimental, eliminando con ello la emisión de una multiplicidad de ordenamientos legales sobre la materia en el orden federal y local, identificada como un elemento que afecta el acceso de las personas a la justicia.
Los legisladores consideraron que contar con procedimientos homologados en todo el país, reducirá costos para los particulares, acelerará la solución de los conflictos y evitará disparidades en solución de los conflictos, además de que evitará disparidades en los criterios judiciales entre los distintos tribunales del país.
