Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
El Poder Judicial Federal, (PJF), es el principal garante de los derechos fundamentales de los mexicanos. A través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), constituye la vía más efectiva que tenemos los ciudadanos para combatir cualquier abuso del poder público.
Lamentablemente, en Tamaulipas hay algunos Juzgadores que no lo entienden así. Casos como el de José Luis Hernández Hernández, Juez administrador del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Victoria, contradicen todos los esfuerzos del máximo tribunal de justicia por ganarse la confianza de la sociedad.
Déjeme le cuento porque: resulta que este 18 de junio reciente se cumplió un año de que entró en vigor el sistema de justicia penal acusatorio. En ese entendido buscamos al Juez Hernández para que le informara a la sociedad los resultados logrados en 12 meses con el nuevo modelo procesal.
En una primera ocasión, el funcionario judicial se disculpó a través de un tercero con el argumento de que andaba en un Congreso Nacional en la ciudad de México.
“Venga la próxima semana” mandó decir. Así se hizo porque el tema era importante, sobre todo cuando son constantes las versiones de abogados y víctimas del delito que denuncian que el sistema de justicia acusatorio federal es un desastre.
Buscamos una segunda ocasión a Don José Luis. Esta vez envió a una de sus asistentes para disculparse nuevamente: “no puede dar la entrevista porque está trabajando precisamente en la presentación de un informe estadístico del nuevo sistema acusatorio, que va a ser exhibido por la tarde de hoy en el edificio del Poder Judicial Federal. Le pide que vaya allá, y ahí obtendrá lo que busca”.
La cita era el jueves a las 17 horas. Pero ya el Juez Hernández había dejado una instrucción: quien no se haya registrado previamente no entra. La condicionante alcanzó a los periodistas.
El propósito del Juzgador fue claro. No quiso prensa en el evento porque se iba a confirmar que, efectivamente, el sistema acusatorio en el ámbito federal es un desastre. Si en el fuero común el modelo procesal oral camina con muletas, en el federal de plano no camina.
¿Y el derecho a la libertad de expresión? ¿y el derecho ciudadano a recibir información pública? ¿y la transparencia?.
Que alguien explique esa necedad de generar opacidad donde se requiere transparencia.
En un contexto en el que los periodistas enfrentamos una crisis de inseguridad terrible en el ejercicio de nuestra labor, resulta lamentable que todavía tengamos que padecer a personajes como Don José Luis.
EL RESTO.
Quienes en la anterior elección participaron como candidatos independientes, están contra la pared: tienen hasta el 10 de julio para registrarse en un partido político si es que quieren competir en el 2018 bajo la bandera de alguno de ellos.
Una reciente reforma a la Ley Electoral del Estado les impone esa condicionante. Si no la atienden tendrán que contender por la misma vía: la independiente.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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