Esta semana, el Congreso del Estado aprobó una reforma que prohíbe transportar en motocicleta a menores de 12 años, una medida que busca prevenir accidentes pero que deja pendiente el verdadero problema de la falta de vigilancia y sanciones en las calles.
La diputada de Morena, Yuriria Iturbe Vázquez, impulsora de la iniciativa, fundamentó su propuesta en el creciente número de accidentes de motociclistas y en el riesgo que representa para los menores viajar en ese tipo de vehículos.
Y en eso tiene razón. Los accidentes de motociclistas han aumentado y basta recorrer cualquier avenida para observar conductores sin casco, a exceso de velocidad, rebasando entre vehículos o ignorando abiertamente las reglas de tránsito.
La duda es si impedir que un niño menor de 12 años viaje como pasajero resolverá realmente el problema. Los accidentes no ocurren porque vaya un menor a bordo, sino porque demasiados motociclistas conducen sin respetar las normas más elementales de seguridad.
Ahí es donde aparece la responsabilidad de la autoridad. Si las corporaciones de Tránsito aplicaran con rigor la ley, seguramente otra realidad tendríamos en las calles. Muchas de las conductas que provocan accidentes ya están prohibidas y sancionadas.
El problema es que durante demasiado tiempo ha existido una enorme tolerancia. Todos los días circulan motociclistas sin casco, con más pasajeros de los permitidos, a exceso de velocidad o haciendo maniobras peligrosas frente a los propios agentes.
Cuando la autoridad permite que las infracciones se vuelvan parte del paisaje, inevitablemente llega el desorden. Quien viola la ley una vez y no recibe sanción entiende que puede hacerlo nuevamente porque probablemente tampoco habrá consecuencias.
Por eso, aun reconociendo la buena intención de la reforma aprobada por los diputados, difícilmente será suficiente por sí misma. La mejor ley termina siendo letra muerta cuando quienes tienen la obligación de hacerla cumplir simplemente no lo hacen.
Hay además una realidad que no puede perderse de vista. Para muchas familias una motocicleta no es un lujo ni un vehículo recreativo, sino el único medio de transporte que pueden pagar para trasladarse diariamente.
En colonias populares y comunidades rurales es común ver a padres y madres llevando a sus hijos a la escuela en motocicleta porque no tienen automóvil ni recursos para pagar otro transporte, y serán precisamente esas familias las que resentirán directamente la prohibición.
La reforma todavía deberá cumplir el procedimiento correspondiente antes de entrar en vigor y habrá oportunidad de revisar sus alcances, pero independientemente de lo que ocurra con ella, el reto seguirá siendo exactamente el mismo.
Proteger a los niños es una obligación que nadie discute y seguramente ese fue el propósito del Congreso, pero también es obligación de la autoridad poner orden en las calles porque antes de acumular prohibiciones habría que comenzar por hacer cumplir las que ya existen.
EL RESTO
El gobernador, Américo Villarreal Anaya, se reunió ayer con colectivos de familiares de personas desaparecidas.
El encuentro permitió escuchar directamente los reclamos y exigencias de las madres buscadoras, pero también conocer la respuesta del Gobierno del Estado frente a un problema que sigue lastimando a muchas familias tamaulipecas.
Hay que reconocer la disposición del mandatario para sentarse frente a quienes llevan años buscando a un ser querido, aunque el verdadero valor de estos encuentros dependerá de los resultados que logren producir.
Miientras tanto, insisto, es un buen gesto de gobernador.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
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—7—2026




