Por Redacción Noticentro.
Porque el interés general de la sociedad debe estar por encima del de los delincuentes, el Gobierno de Tamaulipas defenderá la reforma al Código Penal local a través de la cual avaló la prisión preventiva oficiosa para los delitos de extorsión y peculado.
El Consejero Jurídico , Abelardo Perales Meléndez, explicó que, entre lunes y martes de la semana entrante, el Estado habrá de dar contestación a la acción de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH), contra el decreto expedido— y publicado el 21 de abril en el Periódico Oficial del Estado— por la legislatura local mediante el cual reformó el artículo 22 del ordenamiento punitivo.
“El plazo para contestar vence el viernes de la próxima semana pero entre lunes o martes presentaremos la contestación” indicó.
Lo que denunció la CNDH en el recurso interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), es que los delitos de extorsión y peculado no están considerados de prisión preventiva oficiosa por el artículo 19 de la Constitución federal.
De acuerdo con la Carta Magna federal solo procede prisión preventiva oficiosa en los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, además de los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, y la trata de personas.
Ante ello, el Ombudsman nacional presentó un recurso de inconstitucionalidad exigiendo invalidar esa parte de la reforma en que el Congreso del Estado, a solicitud del Ejecutivo local, incluyó la extorsión y el peculado en el catálogo de los que merecen prisión preventiva oficiosa.
Al respecto, Perales Meléndez consideró que no obstante de lo que establece la Carta Magna federal, en su opinión los Estados tienen la facultad, en aras de salvaguardar a la sociedad, establecer un Derecho que puede estar en conflicto con otros Derechos.
“Lo que estamos viendo entonces es una colisión de Derechos y ante ello la Corte deberá usar un método de ponderación para decidir cuál de los dos Derechos prevalece” mencionó.
Y añadió: “nosotros decimos que cualquier norma relativa a Derechos Humanos puede estar en cualquier ley, en cualquier Constitución. Por esa razón uno de nuestros argumentos será que la Constitución local puede establecer un derecho amplio para que la sociedad esté libre de extorsionadores. Que no tengan derecho a su libertad provisional mientras se les sigue el proceso hasta el dictado de la sentencia” .
Además de ello, precisión las estadísticas dicen que la extorsión y el secuestro van en incremento constante y por lo tanto constituyen un flagelo para la sociedad tamaulipeca.
“Tamaulipas está en los primeros lugares de secuestro y extorsión. Entonces, ¿Cómo contrarrestar esto? Estableciendo una norma que diga que la sociedad tiene derecho a vivir en paz y tranquilidad para poder desarrollarse” refirió.
Dijo que en consecuencia, Tamaulipas va a defender el interés general de la sociedad por encima del interés de extorsionadores y secuestradores que tienen a la población en constante zozobra.
