Por Redacción Noticentro.
El castigo para los funcionarios de entes públicos a quienes se les detecten irregularidades en el ejercicio del presupuesto, debe ser también de tipo penal y no solamente administrativo, opinó Carlos Alberto García González.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado dijo que hablara con el Auditor Superior del Estado (ASE), Jorge Espino Ascanio, para encontrar un mecanismo que permita llevar la sanción al ámbito penal.
El también coordinador de la bancada del PAN hablo de lo anterior al responder a una pregunta sobre la eventual sanción que recibirá el exalcalde de Tula, Juan Andrés Díaz Cruz, y algunos de sus colabores, por el presunto desvió de 19.5 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2015.
Esa cuenta pública del Ayuntamiento de Tula, junto con la de la Comapa de ese mismo municipio, fueron reprobadas por la Auditoría Superior del Estado. En el caso de ésta última las irregularidades financieras se calculan en ocho millones de pesos.
“Estamos haciendo un esfuerzo para que el castigo lo hagan también por la vía penal y no solo administrativo” detalló.
En ese mismo sentido, García González dijo que hará una propuesta al titular de la ASE para que realice auditoría focalizadas en aquellos entes públicos sobre los que existan sospechas de irregularidades en su ejercicio.
Por ejemplo, detalló, que de 28 cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 pendientes de dictaminar, existen varias que contienen irregularidades porque la Auditoría Superior del Estado hizo observaciones que no fueron atendidas.
Se refirió en particular a los casos de Cruillas, Mainero, San Carlos y Villagrán.
CONFIRMAN RECHAZO A CUENTAS PUBLICAS DE TULA.
Por otra parte, el Pleno Legislativo aprobó éste miércoles los dictámenes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, que reprobaron las cuentas públicas del ejercicio fiscal del Ayuntamiento y Comapa de Tula, por un presunto desvío de 27.5 millones de pesos.
Con ello, la suerte del exalcalde Juan Andrés Díaz Cruz, su primer sindico Remigio Rodríguez Sánchez y el tesorero Rigoberto García Rodríguez, quedó en manos de la Auditoría Superior del Estado.
Los legisladores aprobaron en total 20 dictámenes de cuentas públicas del 2015.
Diez y ocho de esas cuentas públicas fueron aprobadas en sentido positivo. Pertenecen a los municipios y Comapas de Miguel Alemán, Aldama y Tula, Guerrero, Díaz Ordaz, Méndez y Mier.
De Miquihuana solamente fue aprobado el ejercicio financiero del Ayuntamiento.
