Por Redacción Noticentro.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH), informó que en 38 centros de detención de Tamaulipas, evaluados en octubre pasado, persisten un alto número de irregularidades que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato.
A través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el organismo defensor de los derechos humanos, emitió éste lunes dos informes de seguimiento en los que prácticamente reprueba la respuesta que el Estado y los Ayuntamientos dieron a sus observaciones.
“Como resultado de la visita de seguimiento sobre las acciones realizadas por las autoridades estatales , se constató que de las 232 situaciones observadas de manera inicial que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato, 91 ya no presentan situaciones de riesgo, 22 presentan avances encaminados a su atención y 119 aún persisten” detalló.
De los 38 centros de detención evaluados, 30 dependen competencialmente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, (PGJE); de la Secretaría de Seguridad Publica; la Secretaría de Salud y del Sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Entre ellos existen Centros de Ejecución de Sanciones, (Cedes), agencias del Ministerio Público; comandancias de la Policía Ministerial; Casas Hogar del sistema DIF y hospitales.
Los otros ocho lugares de detención se ubican en los municipios de Altamira , Matamoros, Reynosa, Tampico y Victoria. Se trata de cinco separos de Seguridad Pública destinados a la aplicación de sanciones administrativas de arresto; un albergue temporal y dos casas- hogar, una para menores y otra para adulto.
El propósito de las visitas de seguimiento a todos esos centros de detención, era verificar que las autoridades estatales hubieran corregido o subsanado las irregularidades o factores de riesgo de tortura detectadas en octubre por el personal de la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, (Codhet)..
Sin embargo, al darle seguimiento al caso, se estableció que aún persisten 131 situaciones de riesgo.
De los lugares de detención que dependen de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, se detectaron las siguientes irregularidades.
No se asigna una partida presupuestal para alimentación de las personas detenidas; las áreas de aseguramiento carecen de reglamento interno y manual de procedimientos; en algunas agencias del Ministerio Público se carece de personal médico para cubrir el turno nocturno y fines de semana; el personal médico no ha recibido capacitación sobre la elaboración de los certificados de integridad física, de acuerdo con el Protocolo de Estambul; el representante social no acude al área de aseguramiento para verificar el trato que se brinda a los detenidos
Además, la certificación de integridad física se lleva a cabo en forma inadecuada; la comunicación telefónica se realiza sin condiciones de privacidad; no cuentan con modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad física; y no cuentan con un área exclusiva para mujeres.
De los centros de detención que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública, el reporte de la CNDH es de que, no existe separación entre procesados y sentenciados ; carecen de los servicios de psiquiatría, ginecología y pediatría para los hijos de las internas que viven en el centro y el personal no ha recibido capacitación en materia de derechos humanos y prevención de la tortura.
También, el personal médico no ha recibido capacitación sobre la elaboración de los certificados de integridad física, de acuerdo con el Protocolo de Estambul; el personal adscrito es insuficiente para cubrir las necesidades de los establecimientos; la certificación de integridad física se realiza en presencia de personal de seguridad ; la sección femenil carece de área de ingreso, observación y clasificación, médica, protección, locutorios, biblioteca, talleres, visita íntima y cocina; no cuentan con área de sancionados ; no existen programas contra las adicciones ni para el tratamiento de desintoxicación; los alimentos suministrados son insuficientes y no cuentan con modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad física.
Las irregularidades que persisten en los lugares de internamiento que dependen de la Secretaría de Salud del estado son: los expedientes clínicos de los pacientes hospitalizados no están debidamente integrados y el personal no tiene capacitación en materia de derechos humanos y prevención de la tortura .
En las cárceles municipales persisten deficiencias como el de carecer de planchas para dormir; varios inodoros se encuentran destruidos y los que funcionan están muy deteriorados y/o no cuentan con agua corriente; no se proveen alimentos a los arrestados debido a que no se asigna una partida presupuestal para tal efecto; las entrevistas de las personas privadas de la libertad con visitantes se realizan sin condiciones de privacidad ; carecen de medicamentos y material de curación; la certificación de integridad física de las personas privadas de la libertad se practica de manera inadecuada y el personal adscrito es insuficiente .
Además, no existe reglamento interno, ni manual de procedimientos para regular la actuación de las autoridades desde el ingreso, durante la estancia y egreso de las personas privadas de la libertad.
