POR: ALEJANDRO GOVEA TORRES
Hoy se discutirá la Ley de Ingresos del municipio de Victoria durante la sesión del cabildo local, en cuya iniciativa no se contempla ningún aumento al impuesto predial ni tampoco en el cobro de los derechos, pero en contraste se prevé aumentar el presupuesto de 814 millones que hubo en el presente año a 830 millones de pesos para el 2017, es decir 16 millones de pesos más.
Incluso, la iniciativa contempla la compra de 20 camiones recolectores de basura, además de patrullas para la policía municipal y de tránsito con un gasto de 45 millones de pesos, es decir casi la mitad del presupuesto para el próximo año.
De inmediato surge la pregunta: ¿Y cómo le harán?, sobre todo cuando existe la amenaza de que las participaciones tanto federales como estatales que reciben los municipios disminuirán ante el recorte anunciado del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2017.
La respuesta la dio el secretario del ayuntamiento, Armando Núñez Montelongo, quien dijo que habrá más recortes en los gastos del municipio, entre los que se encuentra el menor consumo de gasolina y de la papelería, entre otras medidas austeridad.
Aquí surge otra pregunta: ¿Podrán operar con tantas restricciones? Y la respuesta es sí.
Según el abogado Núñez Montelongo, si se puede siempre y cuando el municipio sea más eficiente no sólo en la recaudación del impuesto predial, sino también en el gasto de operación de los servicios municipales.
Es por eso que la administración de Oscar Almaraz Smer debe de iniciar una intensa campaña de concientización para contribuir con Victoria, sobre todo entre los dueños de lujosas residencias de fraccionamientos exclusivos que son los más renuentes a pagar el impuesto predial.
Las clases bajas y medias casi siempre aprovechan los descuentos por el pago inmediato del impuesto predial, incluso hacen largas filas durante los primeros días del año para ser los primeros en contribuir con Victoria.
También les atrae la rifa de regalos que en los últimos años se ha organizado para incentivar el pago del impuesto predial, sobre todo cuando tienen la oportunidad de ganarse un automóvil último modelo, refrigeradores, televisiones, teléfonos celulares, entre otros obsequios.
En otro tema, resulta importante destacar el rechazó que hicieron ayer los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al proyecto de sentencia que preparó el ministro ponente Alberto Pérez Dayan en torno a modificar la constitución para que cualquier persona que se siente agraviada por información publicada en los medios de comunicación solicite el derecho de réplica, aunque se trate de datos verídicos.
La decisión de la mayoría de los ministros garantiza la libertad de expresión porque cualquier persona buscará ejercer el derecho de réplica a pesar de que se difunden hechos verídicos, como cuando el ahora ex-gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, se dijo agraviado cuando en los medios de comunicación de dieron a conocer todos los ilícitos cometidos durante su gestión y que dejó una deuda de poco más de 35 mil millones de pesos.
Si bien es cierto que la sentencia final en torno a esta embestida en contra la libertad de prensa en el país se dará mañana jueves, no hay duda de que se trata de una buena decisión porque el derecho de réplica puede ser usado para intimidar a los periodistas en la difusión de las noticias.
No hay duda de que se trata de una buena decisión de los ministros de la SCJN, sobre todo cuando existen políticos que se tratan de escudar en el derecho de réplica para que no se difundan ni se den a conocer sus fechorías.
Y hablando de fechorías, el titular de la Contraloría, Mario Soria Landero, reveló que a más tardar en dos semanas serán citados varios ex-funcionarios de la pasada administración estatal para aclarar algunas dudas que tienen los auditores, como podría ser la deuda por más de 17 mil millones de pesos que dejó el gobierno de Egidio Torre Cantú.
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