Por ROGELIO RODRUGUEZ MENDOZA.
El sistema de justicia laboral en Tamaulipas está en crisis: el 60 por ciento de los laudos son desechados en vía de amparo. Eso significa que solo son confirmados el 40 por ciento de las resoluciones.
Esos fueron los números que entregó a los diputados locales, el Secretario del Trabajo y Asuntos Jurídicos, Rolando González Guevara, al comparecer el lunes para la glosa del quinto informe de labores del Gobernador, Egidio Torre Cantú.
A los ojos de cualquiera que sea experto o aficionado del estudio del Derecho, la cifra resulta preocupante.
Menos para González Guevara quien ve la situación con optimismo. Solo en el 10 por ciento de los amparos concedidos se otorga la razón plena al quejoso.
En el otro 50 por ciento, dice, la sentencia de los Tribunales de Justicia Federal es solamente para reponer el procedimiento y emitir un nuevo laudo.
Queda claro que González Guevara aplica la máxima aquella de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Está en su derecho.
Sin embargo, en lo personal creo que el tema es para preocupar. Preocupación que comparten en los tribunales de justicia federal donde ya no hallan la puerta por el crecimiento del número de amparos en materia laboral.
“Fácilmente entre un 80 y un 85 por ciento de los amparos directos que se tramitan en Ciudad Victoria son laborales. Por eso es urgente la apertura de nuevos órganos jurisdiccionales” explicó recientemente David Mancilla Nava, dirigente sindical de los trabajados del Décimo Noveno Circuito del Poder Judicial Federal.
Es entendible la postura del Secretario del Trabajo. Mal haría en no defender la labor de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje. Pero hay ocasiones en que admitir una realidad es mejor que pretender ocultarla o disfrazarla.
Que seis de cada 10 sentencias sean desechadas en vía de amparo , aunque sea solo para efectos de reponer el procedimiento, es un tema preocupante.
¿Por qué? Sencillamente porque si se ordena reponer el procedimiento es generalmente porque al momento de emitir el laudo las Juntas cometieron alguna violación procesal.
Lo cual suele suceder por diversas razones que van desde una negligencia, ineptitud o bien hasta por corrupción.
Las consecuencias de ello se traducen en retraso en la justicia laboral y derroche de recursos económicos que “golpea” tanto el bolsillo de las partes como del mismo erario público.
En razón de ello, queda claro que algo debe hacerse con urgencia.
EL RESTO.
*** El diputado local del PRI, Ricardo Rodríguez Martínez, figura, sin dudas, como el aspirante priista mejor posicionado para disputar en la elección del 2016, la alcaldía victorense.
Profesionista joven pero con una privilegiada trayectoria política, el abogado ha logrado cosechar bastantes simpatías en todos los estratos sociales, lo cual es precisamente lo que necesitará su partido para hacerle frente a la oposición.
Sobre todo si Gustavo Cárdenas Gutiérrez se decide a buscar gobernar por segunda ocasión la capital del estado.
ASI ANDAN LAS COSAS.
