Por Jorge Fernández Menéndez.
“Procrastinación: (del latín: pro, adelante, y crastinus, referente al futuro), postergación o posposición; es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras más irrelevantes o agradables”. Como país y como sociedad nos encanta procrastinar, es algo así como un deporte nacional, parte de nuestra cultura social y política. Decían los viejos políticos que cuando no se quería solucionar un problema había que crear una comisión. Se posterga, se pospone y se dejaba la solución para los que vengan. Mientras tanto, se inventan debates, comisiones, issues que no alejen de lo realmente importante.
El actual debate sobre la legalización de la mariguana me parece que encaja perfectamente en la lógica de la procrastinación. Me cuesta entender que por el debate de la mariguana pasen los grandes capítulos del país en términos de derechos individuales, libertades, seguridad pública. No desecho el tema, y comprendo que tiene aristas que involucran todos esos aspectos, tampoco propongo que se lo ignore, pero creo que se ha convertido en una cortina de humo para no debatir, no buscar soluciones, no tener que entrarle a muchos de los capítulos que deberían estar resueltos mucho antes de comenzar a debatir la legalización de una droga.
No tenemos un sistema de seguridad pública que realmente funcione. El modelo policial está en debate y tenemos que realizar cambios de fondo para comenzar a tener resultados positivos. Hay propuestas que merecen un debate de fondo y la adopción de medidas inmediatas, entre ellas las de una estrategia definida y un marco institucional para el funcionamiento de las policías y los cuerpos de seguridad que hoy no tenemos. Los recursos para la seguridad están demasiado lejos de las necesidades y exigencias del país: mientras, apenas llegamos al uno por ciento del PIB en el presupuesto de seguridad, naciones que han tenido éxito en reformar sus sistemas desde condiciones muy cercanas a las nuestras, como Colombia, están utilizando el 13.1 por ciento del presupuesto 2015 en las áreas de seguridad y de defensa. Se podrá argumentar que es demasiado y es verdad, pero ¿cuánto cuesta, en todos los aspectos posibles, la inseguridad? Países como Colombia decidieron invertir en la seguridad pública como única vía para avanzar en los demás indicadores y romper el que constituía su principal dique para el desarrollo. Podemos construir muchas autopistas, pero de poco servirá si no se puede transitar por ellas con seguridad individual y colectiva. ¿Quién está dispuesto a debatir aumentar tres o cuatro veces los montos para la seguridad pública?
La justicia está en plena transformación y la meta de tener en julio próximo el nuevo sistema funcionando en todo el país implica un esfuerzo enorme. No recuerdo que se impulsara al más alto nivel un debate público intenso respecto a la transformación de la justicia, mucho menos respecto a los recursos que se deben destinar a ello y cómo utilizarlos. Sin un sistema de justicia eficiente todo lo demás puede salir sobrando, comenzando por el respeto a los derechos individuales.
Las cárceles en el país son un hoyo negro. Tenemos poco más de 400 reclusorios y la fuga de El Chapo Guzmán ha demostrado que, incluso, los federales, que eran de los que se podía tomar ejemplo, han terminado vulnerados por el crimen. Las cárceles están dominadas por los criminales, incluso, con el beneplácito oficial con los sistemas de cogobierno (entre reclusos y autoridades) que imperan en muchas de ellas. Lo que se haga en seguridad y justicia de poco servirá con estos reclusorios. Hoy son, sencillamente, escuelas de criminales. Para eso se necesitan recursos y decisión política. ¿Quién debate sobre las cárceles?
En la salud pública no tenemos recursos suficientes para garantizar el acceso sanitario para todos, tampoco para enfrentar desafíos cotidianos como la diabetes. Hoy esos recursos tampoco alcanzan para tratamientos contra adicciones de calidad para todos los que los requieren, y muchos de quienes sufren adicciones a drogas, pero también al alcohol o al tabaco, terminan sin poder tratarse, pagando altas sumas en instituciones privadas, unas pocas buenas, la mayoría sin capacitación alguna.
No me opongo, al contrario, a debatir sobre la legalización de la mariguana desde la perspectiva de los derechos individuales. Pero adelantarlo al de la construcción de un sistema policial y de seguridad eficiente, un sistema penal justo, una red penitenciaria segura y una salud pública capaz de responder a las exigencias básicas de la sociedad, me parece el colmo de la procrastinación. Por cierto, o por si nadie lo ha notado: todos los estados de la Unión Americana o países que aprobaron o están analizando seriamente la legalización de la mariguana tienen, desde hace mucho, resueltos esos cuatro capítulos cruciales: seguridad, justicia, reclusorios y salud pública.
