Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
El pasado jueves, el delegado en Tamaulipas de la Secretaría de Gobernación, Rabindranath Juárez Mayorquín, comenzó a repetir el mismo discurso de cada fin de año: “vamos a reforzar la vigilancia en las carreteras para garantizar que nuestros paisanos lleguen bien a sus destinos”.
Cada que se acerca el final de un año la historia es la misma. El discurso oficial (como el del delegado de Gobernación) hace los mismos ofrecimientos pero la realidad no cambia: los paisanos siguen siendo víctimas de abusos, de extorsiones de policías y hasta de delincuentes.
Las autoridades, todas, han sido incapaces de garantizarles seguridad a quienes sensibilizados por la nostalgia se dan oportunidad (y valor) para viajar a México a pasar unos días con sus familias aprovechando la celebración de Navidad y Fin de Año.
Desde que llegan a los puentes internacionales los migrantes comienzan a padecer los excesos y corruptelas de quienes se suponen están más obligados a cuidarlos. Les ponen trabas para todo con un único afán de obtener una “mordida”.
Luego, en las carreteras, se enfrentan a la voracidad de policías de todas las corporaciones. Cada que llegan a una ciudad son víctimas de los excesos policiales. Los “multan” por el más mínimo motivo.
Desde la comodidad de sus oficinas, funcionarios como Juárez Mayorquín les hacen ofrecimientos románticos o fantasiosos: “vamos a investigar cualquier denuncia que presenten y castigaremos a los responsables”.
Nada más falso que eso: ¿Cuántos servidores públicos han sido sancionados por abusos contra migrantes? Ninguno.
Además, piden a los paisanos que denuncien los atropellos en su contra pero no les facilitan la vía para hacerlo.
Con todo el trámite burocrático que implica acudir ante una agencia del Ministerio Público , ¿usted cree que una familia va a querer perder dos o tres horas en hacer una denuncia? Desde luego que no. Sobre todo cuando las probabilidades de que la acusación prospere son muy pocas.
Creo que en vez de estar repitiendo la misma cantaleta de siempre, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, deberían pasar de las palabras a los hechos. En vez de promesas deberían darse a la tarea de “cazar” a quienes al amparo de una charola policial se dedican a extorsionar a connacionales que sudan jornadas enteras para ganarse sus dólares.
Si en realidad quieren que su discurso suene creíble deben acompañarlo con cifras de policías procesados por abusar de los paisanos. Mientras eso no ocurra sus ofrecimientos seguirán carentes de credibilidad.
EL RESTO.
La reciente captura de una banda de secuestradores y homicidas que confesó ser responsable de al menos 20 ilícitos, entre ellos la muerte de los empresarios restauranteros Juan Manuel Gómez Fernández y Juan Manuel Gómez Monteverde, sin duda habla bien de la coordinación existente entre los Gobiernos federal y estatal.
Desde luego que el beneficio mayor en imagen de éste logro policial es para la administración estatal de Egidio Torre Cantú.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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