Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Cuando el Gobierno federal decidió colocar mandos militares en las instituciones de seguridad pública en los estados y municipios, lo hizo seguramente pensando que la fama de enérgicos, disciplinados e incorruptibles, de los elementos del Ejército, los convertía en la mejor alternativa para buscar mejores resultados en la lucha contra la delincuencia, y particularmente contra la delincuencia organizada.
Tamaulipas fue uno de los primeros estados en acatar la orden. Colocó a militares en las áreas estratégicas de la Secretaría de Seguridad Pública y lo mismo hizo en las instancias municipales. Hasta las delegaciones de Tránsito quedaron bajo la responsabilidad de un mando castrense.
Sin embargo, el tiempo ha desmentido esa creencia oficial. Ha quedado claro que, ni por poquito, poner las policías bajo la responsabilidad de militares ha sido el remedio para recuperar la paz y tranquilidad en las calles y mucho menos han infundido respeto o temor al crimen organizado.
En muchos casos el remedio ha salido peor que el problema.
Para referenciar con contundencia ese fracaso bastaría analizar lo que ha ocurrido en los últimos días o semanas en ciudades como Nuevo Laredo, Tampico y Ciudad Victoria, donde se registra una oleada de asesinatos con el sello evidente del narcotráfico.
No. Resulta evidente que a la delincuencia poco o nada le importa que haya un General como Secretario de Seguridad Pública del Estado o que al frente de las Policías Municipales haya también mandos castrenses.
Pero no solo han demostrado ineptitud . Al fin seres humanos, los militares tampoco han podido evitar sucumbir a la tentación de la corrupción. Se sabe, por ejemplo, que la Auditoría Superior de la Federación y la misma Contraloría del Estado, investigan el manejo que del presupuesto de la Secretaría de Seguridad Púbica del Estado hizo el General Arturo Gutiérrez García, hoy flamante Secretario de la misma área en San Luis Potosí.
Se sabe que algunos colaboradores cercanos de Gutiérrez García son investigados por declarar chatarra vehículos oficiales en perfectas condiciones de uso para luego auto comprárselos. Eso es lo que se sabe por encimita pero ya podremos imaginar lo que hay más abajo, sobre todo tomando en cuenta el presupuesto multimilllonario que manejo la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas en los últimos años. Extraoficialmente se habla de adeudos millonarios con proveedores y de un enorme rezago en pago de viáticos a policías.
Pero no solo eso. Los jefes militares ni siquiera han sido capaces de manejar los cientos de trabajadores que dependen de ellos. Pareciera que poner bajo sus órdenes a miles de subordinados los ha enloquecido.
Es el caso del actual Secretario de Seguridad Pública del Estado, Jesús Martínez y Martínez, quien anda más ocupado en imponer medidas disciplinarias absurdas a su personal, como el obligarlos a pedir permiso hasta para ir al baño, que en diseñar una estrategia que evite más homicidios violentos en el estado y sobre todo en la Capital.
Mientras que la ola de violencia comienza a recrudecerse en las calles el Secretario le cuida hasta el respiro a su tropa y al personal administrativo.
Creo que ha llegado el momento de que el Gobierno, en sus tres órdenes, se pregunte hasta donde resulta conveniente mantener una estrategia que evidentemente ha fracasado. Tal vez sea el momento de evaluar la posibilidad de regresar los mandos policiales a manos civiles.
¿No cree usted?.
ASI ANDAN LAS COSAS.
