Jorge Fernández Menéndez.
Es la foto principal en la primera plana de ayer de El País (el medio español, uno de los periódicos más respetables del mundo) y se titula La policía y los estudiantes se enfrentan en Ayotzinapa. Lamentablemente es una mentira. El martes los que agredieron a los policías son supuestos estudiantes de Ayotzinapa, que iban acompañados por supuestos familiares de los jóvenes desaparecidos y que dejaron 11 policías heridos, algunos de ellos de gravedad, incluyendo cuatro agentes, dos hombres y dos mujeres, que fueron secuestrados y salvajemente golpeados por los jóvenes. De los agresores sólo hubo un herido: un joven que al intentar arrojar un explosivo contra los policías, éste le explotó en la mano y le produjo graves lesiones. Todo ocurrió en unos túneles que permiten la entrada de Tixtla hacia Chilpancingo.
Eran poco más de las siete de la mañana cuando en 12 autobuses previamente robados los jóvenes se dirigían a Chilpancingo. El día anterior habían atacado la fiscalía general del estado, habían realizado todo tipo de destrozos e incendiado un área de esas dependencias, pero además, se metieron a oficinas específicas para robarse expedientes judiciales. Sabían lo que buscaban. De allí se fueron a recuperar fuerzas a la normal de Ayotzinapa que hace tiempo dejó de dar clases y funciona de campamento, con subsidio oficial de unos 50 millones de pesos, para estos grupos y también para algunos de los familiares de las víctimas del 26 de septiembre.
Cuando el martes regresaban a Chilpancingo el camino estaba cerrado por fuerzas policiales. Les dijeron que no podían avanzar hacia la capital del estado. Los que se bajaron a “negociar” con los mandos policiales fueron quienes se presentaron como “familiares”. Los mandos policiales les dijeron que les permitirían el paso si les dejaban revisar los autobuses para ver si llevaban armas. La respuesta fue atacar a los policías con explosivos y bombas molotov que llevaban en los autobuses. También, atacaron a los policías con punzones que le clavaron en piernas y brazos. Cuando estaban siendo superados, los policías lanzaron gases lacrimógenos. En respuesta los jóvenes secuestraron a cuatro policías, dos hombres y dos mujeres, los subieron a los autobuses. Los tomaron como rehenes para “canjearlos” por la autorización de pasar hacia Chilpancingo. Cuando vieron que no les permitirían pasar, golpearon salvajemente a los rehenes y los arrojaron a la carretera. Secuestraron un camión torton, lo colocaron en medio del túnel, lo incendiaron e hicieron estallar y regresaron a Ayotzinapa.
La normal, por cierto, está “resguardada” por quienes se presentan como policías comunitarias, pero son en realidad grupos armados, de la guerrilla (varios de cuyos dirigentes fueron amnistiados el fin de semana por el gobernador Rogelio Ortega para “construir la paz y la armonía en el estado”) que portan fusiles de asalto AR-15, algunos de los cuales fueron robados del cuartel de la policía municipal de Tixtla, otros vaya uno a saber de dónde provienen. Por ley las policías comunitarias, una figura alimentada por el exgobernador Ángel Aguirre y consentida por
el gobernador Rogelio Ortega, no pueden portar armas largas (sólo revólveres y carabinas) y mucho menos fusiles de asalto de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Por supuesto que los familiares y los compañeros de las víctimas del 26 de septiembre en Iguala tienen todo su derecho a expresar su dolor e, incluso, de desconfiar o no aceptar las investigaciones realizadas por las autoridades (aunque en esa lógica lo que impulsan en realidad es la liberación de los más de 100 detenidos, la mayoría de ellos confesos, por ese mismo crimen), pero la violencia que están ejerciendo estos grupos, escudándose en ser estudiantes o familiares (nadie sabe si son una cosa u otra) es parte de una estrategia violenta y de poder que nada tiene que ver con la solidaridad, la justicia o las víctimas.
Es un capítulo central que deben recordar las autoridades cuando hoy a la una de la tarde se reúna el presidente Peña con los familiares y muchos otros personajes que se escudan tras ellos persiguiendo, precisamente, aquellos objetivos.
NARRO Y LA UNAM
El rector José Narro Robles ofreció su último informe como rector en la Universidad Nacional Autónoma de México y además de enumerar una larga serie de logros obtenidos durante su gestión, nos recordó que deja una institución más fuerte y ofreció ser un buen “exrector”, en otras palabras, no meterse en las decisiones de su sucesor. Narro ha sido uno de los mejores rectores que ha tenido la UNAM en su historia y sus resultados lo avalan. No demeritará esa extraordinaria labor tratando de influir en su sucesor, mucho menos interviniendo en el propio proceso de sucesión que comienza, formalmente, en estas horas. Felicidades rector Narro por estos ocho años en muchos sentidos notables al frente de la Universidad Nacional.
