Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La Ley contra el Lavado de Dinero ha obligado a los Notarios Públicos a ser más cuidados y acuciosos en su trato al público, afirmó Guillermo Peña Sam.
El expresidente del Colegio de Notarios en Tamaulipas y titular de la Notaría 157 en Altamira, explicó que hay montos de operaciones de compra-venta donde tienen la obligación de informar de inmediato al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Si antes éramos cuidadosos al 100 por ciento hoy lo somos hasta al 1000 por ciento. Debemos atender todas las exigencias de la ley porque de lo contrario podremos incurrir en delito” destacó.
Por ejemplo, dijo, es obligación del Notario Público verificar la identidad del solicitante de sus servicios, y cuando sean operaciones por más de 16 mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, deben de informar al SAT.
“No puede alguien comprar un inmueble en dos millones de pesos y llegar con esa cantidad en la bolsa. Hay requisitos de ley que deben cumplirse para cerrarle el paso al lavado de dinero” detalló.
Hasta el momento los 328 Notarios Públicos de Tamaulipas han dado cumplimiento a la ley porque ninguno se ha visto implicado en situaciones legales por irregularidades en su desempeño.
En ese mismo sentido, Peña Sam aseguró que durante el presente año la demanda de servicios de los Notarios Públicos ha crecido.
“Ha aumentado el trabajo para nosotros. Ha sido un crecimiento en ritmos pequeños pero por lo menos ya no estamos en la situación de hace tres o más años cuando prácticamente no había operaciones inmobiliarias” mencionó.
De cualquier forma, dijo, al menos un 40 por ciento de los Notarios Públicos se siguen viendo obligados a litigar para compensar la poca demanda de servicios notariales.
La Ley Contra el Lavado de Dinero fue aprobada en octubre del 2012, durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, con el propósito de inhibir las ganancias de grupos delictivos y con ello ayudar a desmantelarlos.
Entre otros puntos, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita obliga a que exista una mayor cooperación en el tema entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR), que tendrá una nueva Unidad Especializada de Análisis Financiero.
También señala que las instituciones financieras deberán tomar “medidas y procedimientos para prevenir y detectar” posibles delitos y reportarlos a la SHCP, en tanto sector privado y autoridades deberán vigilar con especial atención “actividades vulnerables”: juegos de apuesta, sorteos, emisión de tarjetas de crédito o prepago, uso de cheques de viajero, compraventa de joyas, préstamos o venta de inmuebles y autos que rebasen ciertos montos.
Otro punto clave de la legislación establece la prohibición de que inmuebles, vehículos, servicios de blindaje o joyas de determinados precios sean pagados en efectivo o con metales preciosos.
