Por Yuriria Sierra.
En entrevista con Carlos Marín, el presidente Enrique Peña Nieto reconoce que el gobierno federal se equivocó al reaccionar tarde —o subestimar los hechos, según lo dijo— sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Y es cierto, la PGR, en ese entonces comandada por Murillo Karam, comenzó la investigación, cuyos avances conocimos diez días después de la desaparición de los 43 normalistas. Justo en ese hueco de tiempo se guarecen las dudas que, a ojos de muchos, existen en la investigación dada a conocer en aquella conferencia.
El gobierno reconoce el error, como una primera acción para darle a este caso las herramientas necesarias para ser aclarado. Si en algo coincidimos todos, respecto a Ayotzinapa, es que lo único deseable es que la investigación sea resuelta de forma tal que no quede espacio a sospechas de ningún tipo. En dos semanas se cumplirá un año de la desaparición de los estudiantes, por lo que sabemos de lo hechos, es evidente que el encontrarlos con vida se antoja imposible. Al menos, algunos de los restos encontrados en el basurero de Cocula dieron positivo en exámenes realizados fuera de nuestro país. Lo que hoy nos queda, es la necesidad de cubrir los huecos con certezas sobre lo que pasó en aquella noche. Lo publicado anteayer por la CIDH sugiere que no hay evidencia de que un fuego de la magnitud necesaria como el descrito por los policías detenidos haya podido prenderse en el basurero de Cocula. Contrario a lo que de botepronto pensaron varios, este informe no desacredita por completo el trabajo de la PGR, pero sí la obliga a precisar la ruta que la llevó a tales conclusiones. Las hipótesis son varias, las líneas de investigación también. En este mismo espacio, escribí unos días después de los hechos en Iguala, sobre la probable causa de la tragedia que, ahora se hace todavía más presente, tras el reconocimiento de que aquella noche, no eran cuatro, sino cinco autobuses abordados por estudiantes:
Esto es lo que escribí entonces y tras el informe de la CIDH, resulta más vigente que nunca: “La crisis generada a raíz de la masacre de estudiantes de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre, transita por la pista del dinero. Del dinero que transita por las pistas de la droga… Pero no de aquella droga de la que México se había convertido, en algún momento, en el principal productor. No. No es la mariguana. Es, aunque los tres niveles de gobierno se hagan de la vista gorda, la producción de amapola. La mismísima base agrícola para la producción de la heroína. Y México se ha convertido en el segundo líder mundial en cultivo de la misma (sólo detrás de Afganistán). Y el estado de Guerrero en su principal productor. E Iguala, en el municipio más pobre, pero también, paradójicamente, más fecundo en la siembra y cultivo de la materia prima para su elaboración…”. Heroína, la nueva joya de la corona que, según el informe de la CIDH presentado el domingo, se transportaba en aquel quinto camión que no ha sido parte del mapa de investigación y que mucho dirá cuando la nueva indagatoria que realizará la PGR, ordenada por el Presidente, esté terminada.
Sin duda este es el asunto más espinoso de los pendientes no previstos por el gobierno federal. Aunque lo cierto es que, como lo dijimos renglones arriba, todos coincidimos en que si algo es necesario para este caso, es que se despejen todas las dudas. Es necesario: a) por respeto a los padres de los normalistas; b) para que éste no sea un episodio que se arrastre durante décadas en la historia del país con tantas dudas en el aire; y, c) sobre todo, para que se tomen las medidas verdaderamente necesarias (la legalización humanitaria, por ejemplo), para que ese negocio deje de cobrarse tantas vidas, cavar tantas fosas, corromper tantas conciencias y alimentar tantas, pero tantas incontables sombras.
