Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Instituto de Defensoría Pública de Tamaulipas no compite con nadie, porque solamente cumple con su obligación constitucional y legal de garantizar una defensa técnica a las personas que carecen de los medios económicos para costearse un abogado particular, informó Armando López González.
El Director del Instituto dijo lo anterior en referencia a la denuncia que hizo la semana pasada la abogada Blanca Nelly Riestra, sobre una presunta competencia desleal de los defensores públicos porque acaparan el mayor número de juicios, tanto en materia penal, mercantil, civil y familiar.
“No creo que seamos competencia para ellos, y nunca lo vamos a ser porque no competimos con nadie toda vez que nosotros solo asumimos un deber de brindar un servicio de naturaleza jurídica y gratuita” indicó.
Insistió en que el Instituto solamente cumple con la obligación que le impone la Constitución y la Ley de Defensoría Pública, respecto de garantizarle una defensa técnica a quienes no pueden pagar
los servicios de un abogado particular.
Respecto a la queja de los litigantes en el sentido de que los defensores públicos atienden casos de personas con capacidad económica, López González aseguró que eso es falso.
“Cada que una persona acude con nosotros a solicitar una defensa le hacemos un estudio socioeconómico para garantizar que carece de medios económicos para pagar un abogado. El estudio lo firma el mismo usuario y la persona que se lo hace” indicó.
Explicó que anualmente el Instituto atiende en promedio 19,500 juicios en el estado. De ellos 13, 500 son de materia penal y el resto de las materias Civil, Mercantil y Familiar.
Aunque la cifra parece grande, dijo, es apenas una mínima parte del universo de asuntos que se tramitan en las agencias del Ministerio Público y Juzgados, por lo que el campo laboral para los abogados particulares sigue siendo enorme.
Además de ello, en materias Civil, Mercantil y Familiar, el apoyo jurídico solamente se da a la parte que tiene carácter de demandado, salvo algunos juicios donde está en juego el interés superior del niño.
