Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Tan solo durante el pasado fin de semana, tres personas murieron en dos accidentes automovilísticos ocasionados por el alcohol ocurridos en la capital del estado. Las secciones de nota roja de los periódicos dan cuenta detallada de los percances, que además dejaron con lesiones de extrema gravedad a otras tres personas.
El hecho no debería estar ocupando éste espacio porque los accidentes vehiculares con saldo fatal son una constante desde hace muchos años y no constituyen novedad.
Sin embargo, traer ese tema aquí obedece a dos razones: una, a la cada vez mayor incidencia de ese tipo de percances, y dos, a la incapacidad mostrada por las autoridades estatales y municipales para evitarlo.
En realidad una de esas razones es consecuencia de la otra. El aumento de percances fatales tienen su origen precisamente en la ineptitud oficial para diseñar operativos antialcohol que detecten y sancionen con dureza a los conductores ebrios.
Desde luego que existe mucha culpa de quienes han convertido en una costumbre utilizar sus vehículos como cantinas ambulantes. Es irresponsable, sobre todo, porque con esa conducta se pone en riesgo la vida de inocentes que tuvieron la desfortuna de cruzarse en el camino del conductor alcoholizado.
No obstante, creo que la mayor responsabilidad de que sigan muriendo personas por causa de conductores ebrios, es de la autoridad.
¿Por qué? Porque a pesar de saber que los accidentes automovilísticos ocasionados por ebrios constituyen, desde hace muchos años, la principal causa de muerte en Tamaulipas, ha sido incapaz de implementar acciones que reviertan esas cifras.
Es verdad que en cada municipio las direcciones de Tránsito activan durante los fines de semana los llamados operativos antialcohol, pero en la práctica esa estrategia no es más que una simple caricatura porque termina convirtiéndose en un pretexto de los oficiales para extorsionar a quienes son sorprendidos manejando ebrios.
Es ahí donde se gesta la incidencia trágica de accidentes automovilísticos. Como la autoridad no es capaz de aplicar la ley con dureza, se envía un mensaje de impunidad que genera un resultado adverso al que se persigue con los operativos, porque los conductores ebrios saben que pueden seguir repitiendo su conducta toda vez que entienden que la única consecuencia que podrían enfrentar sería la de desembolsar unos cuantos pesos para pagar la deshonestidad de los oficiales viales.
Dicho en otras palabras, es corrupción que mata.
Si necesitamos un ejemplo para sustentar esa tesis, bastaría voltear la vista hacia el Distrito Federal, donde el llamado “alcoholímetro” ha logrado reducir de manera impresionante la incidencia de accidentes trágicos.
¿Sabe porque? Porque el operativo está diseñado bajo mecanismos que atan de manos a los oficiales para no corromperse. Existe una especie de vigilancia mutua entre los agentes a través de controles enérgicos que incluyen la videovigilancia, y eso ha permitido el éxito del programa.
En el “alcoholímetro” han caído funcionarios, políticos y famosos del mundo del espectáculo. Todos han terminado en una celda precisamente porque no hay forma de pagar una “mordida”.
En cambio en entidades como la nuestra, le insisto, el operativo antialcohol no es más que un simple pretexto para extorsionar.
Ojalá y que a alguien se le ocurra importar el diseño del operativo del DF. Seguramente muchas vidas inocentes se salvarán.
ASI ANDAN LAS COSAS.
