Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Los principales medios de comunicación destacan el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), haya declarado constitucional dar de baja a aquellos maestros que acumulen más de tres faltas en un mes.
La noticia se difunde como si fuera la novedad del siglo o como si los Ministros hubieran descubierto el hilo negro. Y no es así. En realidad lo que la Corte hace es avalar lo que ya está establecido en la ley, y lo que cualquier empleado y patrón sabe: la ausencia por más de tres faltas al trabajo amerita la baja inmediata.
Aquí el problema es que la autoridad gubernamental ha sido incapaz de aplicar la ley. El Gobierno federal e incluso sus pares estatales, han sido timoratos a la hora de meter en cintura a los maestros y eso mismo ha provocado que estos se sientan impunes para desafiar al Gobierno y pisotear los derechos de millones de niños a quienes violentan su derecho a la educación.
En otras palabras, no había necesidad que la SCJN viniera a decirnos que el Gobierno, en calidad de patrón, está en su derecho de despedir a todos los profesores faltistas. Eso es algo que la autoridad sabe perfectamente pero no lo hace valer porque teme al costo político que ello implica.
El detalle está en que ese costo político que el Gobierno no quiere pagar
lo están pagando los ciudadanos, cuyos hijos se quedan sin clases o reciben una educación de muy deficiente calidad.
De hecho ese ha sido el problema de este país: que tenemos excelentes leyes pero no se aplican.
¿Y sabe porque? Porque los funcionarios públicos, desde el Presidente de la República, pasando por sus secretarios, los Gobernadores y los alcaldes, le sacan la vuelta al asunto porque temen que enfrentar a los maestros paristas vaya a terminar en un saldo fatal que a muchos les costaría su carrera política.
Ese es su miedo. No hay otra razón. Por eso no han querido cesar a los miles y miles de maestros que llevan meses y meses fuera de sus aulas para dedicarse a protestar por la reforma educativa, en particular por esa obligación que les impone someterse periódicamente a evaluación para garantizar que son aptos para impartir educación de calidad.
Ojala y que en algún momento la clase gobernante entendiera que por dar impunidad a minorías se está afectando a las mayorías.
Tolerar a miles de maestros rijosos está afectando a millones de ciudadanos de bien. El Gobierno se frena en su actuar contra los maestros cuidándose de no violentarle derechos humanos pero no se da cuenta o no quiere ver que con ello está pisoteando derechos y libertades fundamentales de millones de ciudadanos.
Nosotros hemos insistido, hasta con terquedad, que si aspiramos realmente a convertirnos en un país desarrollado, tenemos que comenzar por respetar las leyes. Un respeto que debe provenir de la autoridad y desde luego de cada uno de nosotros.
Se supone, o por lo menos idealmente así es, que el Derecho sirve para eso: para regular la conducta humana en sociedad. Dicho de otra forma, el Derecho es un conjunto de normas jurídicas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad.
Bien aplicado este concepto, no tendríamos como sociedad que estar padeciendo maestros violentos y faltistas. El problema está, le insisto, que a la autoridad le tiembla todo a la hora de aplicar esas normas.
ASI ANDAN LAS COSAS.
