Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La justicia es uno de los derechos que más reclaman los ciudadanos pero, paradójicamente, también es uno de los rubros más débiles en los Gobiernos.
No es ningún secreto que el sistema de justicia tanto a nivel federal como en las entidades federativas padece de una desconfianza social absoluta. Son muy pocos los mexicanos que confían en que los procesos penales se deciden a plenitud con apego a Derecho. La mayoría cree (aunque no sea así), que la verdadera balanza de la justicia la inclina el dinero o la injerencia de intereses particulares que benefician a alguna de las partes.
Por ello prevalece la creencia popular de que las cárceles están llenas de pobres inocentes o de inocentes pobres.
Grosso modo ese es el diagnóstico del actual sistema de justicia.
Le hablo de ello porque el 2016 será, sin duda, el año de la esperanza en materia de justicia. Estamos a poquito más de doce meses de que venza el plazo para que opere a nivel nacional el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral.
Hay estados del país (más de 20) que llevan años trabajando en la implementación de ese modelo de enjuiciamiento. Entre ellos figura Tamaulipas que ya aplica el sistema acusatorio en Victoria, Padilla, Soto la Marina, Tula y Valle Hermoso.
Sin embargo, la fecha fatal para todos será el 18 de junio del 2016. Así lo mandata la reforma a la Constitución federal, del 18 de junio del 2008. Ese día la justicia penal oral deberá estar operando en todo el país y para todos los delitos.
¿Será la solución para transparentar y hacer más confiable el sistema de justicia? Esa es una pregunta que no solo los ciudadanos nos hacemos porque es la misma que se hacen los operadores jurídicos y los expertos en Derecho.
La realidad es que hay dos grupos: uno, que cree que el modelo acusatorio y oral es más de lo mismo y que las cosas seguirán igual o peor que sucede con el sistema tradicional, y dos, los que se dicen convencidos de que el sistema acusatorio será un parteaguas, un antes y un después.
La única verdad evidente es que la respuesta solo la dará el transcurrir del tiempo. Será el paso de los meses o los años el que nos indique si realmente la nueva forma de procurar e impartir justicia cumplió los propósitos para los que fue diseñado: hacer más eficiente y confiable esa tarea.
EL RESTO.
Por cierto, será el seis de julio cuando se concrete el retiro de los Magistrados del Poder Judicial del Estado, Armando Villanueva, Arturo Baltazar Calderón y Laura Luna Tristán.
Es decir, falta menos de un mes para el reemplazo y ante la ausencia de información oficial cada vez crece más la especulación acerca de quiénes serán los nuevos juzgadores de segunda instancia.
Sin embargo, hacia dentro del Poder Judicial parece haber unanimidad con respecto a que el nuevo Presidente del Supremo Tribunal de Justicia saldrá de entre los Magistrados Hernán de la Garza Tamez y Raúl Morales Cadena.
Respecto a las identidades de los sustitutos de Baltazar Calderón y Luna Tristán, hay quienes promueven al Juez Segundo Civil en Ciudad Victoria, Adrián Alberto Sánchez Salazar y al Secretario Técnico para la Implementación de la Reforma Penal, Manuel Miranda Castro.
Eso es lo que se dice. Habrá que ver lo que se decide en las jerarquías del poder estatal.
ASI ANDAN LAS COSAS.
