Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
SIN DUDA la del siete de junio será la elección más judicializada de la historia del país.
¿La razón? Porque serán muchos, muchísimos, los candidatos que pelearán en los tribunales el triunfo que no obtendrán en las urnas.
Valiéndose de que ahora la ley electoral dispone que el rebase del tope de gasto de campaña por más de un cinco por ciento es causa de nulidad del resultado en las urnas, puede usted apostar a que abundarán los perdedores que recurrirán a ese argumento para buscar en las instancias jurisdiccionales lo que no consiguieron con el apoyo ciudadano.
Es cierto que un requisito elemental para buscar la anulación de una elección es que la diferencia entre el ganador y el perdedor sea de menos del cinco por ciento de votos, pero igual de verdadero es que son bastantes las elecciones que reúnen esa condición.
Los expertos estiman que más de un 20 por ciento de las elecciones se definen por un margen reñido en la diferencia de votos.
Vistas de esa forma las cosas, parece inminente que el peso de la elección no será tanto para el Instituto Nacional Elector (INE), sino para el Tribunal Electoral Federal y sus pares en los estados, porque serán finalmente los que decidan a quien darle el triunfo.
Podemos adelantar entonces que la del siete de junio será una elección de dos tiempos: el de las urnas y el de los tribunales.
POR CIERTO, la gran pregunta que muchos nos hacemos es si el INE tendrá la capacidad que se requiere para fiscalizar el gasto de campaña de los miles de candidatos que pelearán el próximo domingo un cargo de elección popular.
Con el aclarado de que le hablo de dos tipos de capacidades: una, relacionada con la suficiencia técnica y de recursos humanos para verificar el monto y origen de los recursos ejercidos por cada candidato, y dos, la capacidad que se refiere a la inteligencia necesaria para verificar la procedencia lícita de los dineros.
La interrogante vale porque de esas capacidades dependerán en mucho los fallos que emitan los tribunales en los recursos de impugnación que presenten los perdedores.
Es decir, los tiempos del INE en la fiscalización irán de la mano con los de los tribunales electorales al momento de dictar las sentencias.
La verdad no parece tarea nada fácil la que tienen encima los árbitros electorales.
A LA SECRETARIA General del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (Sutspet) , Blanca Valles Rodríguez, alguien parece haberle metido en la cabeza la idea de que puede convertirse en la próxima alcaldesa de Victoria.
No es casualidad, por ejemplo, esa porra ruidosa que estuvo en el recinto legislativo hace quince días, cuando fue aprobada una reforma a la Ley del IPYSSET a través de la cual se garantiza el derecho a la jubilación de todos aquellos burócratas que cumplan los años de servicio exigidos por la ley, hayan o no hecho sus aportaciones al instituto de seguridad social.
Tampoco fue casualidad aquella “broma” que Blanquita hizo en Comisiones cuando se debatía el dictamen de reforma electoral a la Constitución local.
Cuando se puso a votación el tema de la paridad de género y la determinación de que las fórmulas para 22 ayuntamientos las encabece una mujer y el resto hombres, la legisladora sugirió “que Victoria sea para una mujer”.
La pregunta sería: ¿Blanca se anima sola o alguien la anda animando?.
AHÍ MISMO en el Congreso del Estado, el próximo año, cuando se llegue el momento de renovar la legislatura local, la dirigencia priista tendrá que ser más cuidadosa al momento de definir a quienes serán sus diputados.
Eso es lo menos que puede hacer el PRI después de lo que estamos viendo en la actual integración de la bancada tricolor, donde son muy escasos los buenos oradores y argumentadores. Sobran los dedos de una mano para identificar a diputados con verdadera capacidad para subir a la tribuna y defender o debatir una iniciativa.
El hecho resalta más si se hace un ejercicio de comparación con las anteriores legislaturas, donde, como ya hemos dicho, el PRI tenía muy buenos defensores.
Desde luego que el tema debe interesarle a la dirigencia tricolor, porque no es lo mismo sacar adelante una iniciativa exponiendo buenos argumentos en la tribuna, que haciendo uso de la aplanadora.
Por ejemplo, si el PRI tuviera diputados con habilidades en el arte de persuadir con argumentos sólidos y ciertos, no tendría que estar batallando tanto con el tema de la Reforma Político-Electoral, donde legisladores de oposición como Arcenio Ortega Lozano y Jorge Valdez Vargas, los meten constantemente en complicadas encrucijadas.
ASI ANDAN LAS COSAS.
