Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Congreso local aprobó reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de Tamaulipas, para garantizar a los burócratas su derecho
a la jubilación o pensión cuando cumplan los años necesarios de servicio, sin importar que hayan realizado el total de aportaciones al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (Ipisset).
La adecuación al citado ordenamiento normativo, que deriva de una iniciativa promovida por la legisladora y Secretaria General del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Estado de Tamaulipas (Sutspet), Blanca Valles Rodríguez, beneficiara a burócratas, que antes de obtener una base extraordinaria o sindical, estuvieron laborando en forma eventual o bajo la figura del contrato.
El dictamen aprobado durante la sesión plenaria de éste miércoles no señala una cifra aproximada de trabajadores en esas circunstancias, pero se estima que suman cientos.
Por ejemplo, alguien que lleva 30 años trabajando para el Gobierno estatal , pero que solamente tiene 20 aportando su cuota de seguridad social ante el Ipisset, tendrá derecho a que el Estado, en calidad de patrón, cubra las aportaciones de los diez años faltantes.
De esa manera, la fracción X del artículo 33 de la Ley reformada, señala ahora como obligación del Gobierno del estado, “ Garantizar a todos los servidores públicos del Estado su derecho a pensionarse o jubilarse, procediendo al trámite de las pensiones o jubilaciones en los términos de ley.
“En los casos de aquellos trabajadores que cumplan con los años de servicio para jubilarse o pensionarse pero que por la naturaleza de su contratación no se hayan realizado el total de las aportaciones por el patrón, éste convendrá con el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas o con el trabajador en lo particular, el pago complementario de su pensión o jubilación, a fin de que se le entregue el porcentaje correspondiente por los años laborados”.
El costo económico que ello implique lo absorberá el Gobierno del Estado, para lo cual deberá establecer las previsiones necesarias en el presupuesto del año próximo.
“Consideramos procedente establecer de manera expresa la obligación del Gobierno del Estado, a dar trámite a las pensiones o jubilaciones de los servidores públicos que cumplan con los años de servicio requeridos para ello, independientemente, si en su carácter de patrón cubrió las aportaciones necesarias para el ejercicio de dicho derecho de seguridad social” refiere el dictamen avalado en forma unánime por el Pleno.
El documento aprobado señala, en uno de los dos artículos transitorios, que “ El Gobierno del Estado deberá considerar las medidas presupuestales inherentes al objeto del presente Decreto para el ejercicio fiscal 2016”.
Decenas de burócratas estuvieron presentes en la sesión ordinaria y , desde las galerías del salón de sesiones, festejaron escandalosamente la aprobación de la reforma.
