Por Jorge Fernández Menéndez.
La relación de México y Colombia es estratégica en muchos sentidos, como se pudo comprobar en la reciente visita del presidente Juan Manuel Santos a nuestro país y en la participación de ambas naciones en la Alianza del Pacífico, que mantienen con Chile, Perú y Costa Rica: en los hechos, ante el derrumbe económico y político del chavismo y con él, el de la llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Alianza del Pacífico se ha constituido en el más exitoso y sólido mecanismo integrador de la región.
Pero México y Colombia están unidas también por el desafío del narcotráfico. La historia de las relaciones de los grupos criminales de ambos países, con sus asociaciones y desencuentros, con sus negocios y enfrentamientos, es demasiado larga como para ignorarla. Y en esas paralelas, que aquí sí se tocan constantemente, tenemos en estos días nuevos desafíos que asumir.
El presidente Santos, durante su visita del viernes, habló largamente de los beneficios que podría traer el acuerdo de paz con las FARC, una organización armada que en las últimas décadas se ha involucrado seriamente en el negocio del narcotráfico, con amplias relaciones en México (ver el libro Las FARC en México, de este autor, Taurus, 2008). Para el presidente Santos, se busca con las FARC un compromiso en el cual no sólo abandonen el narcotráfico en su país sino que también participen en acabar con ese fenómeno.
Pero en ocasiones el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Como consecuencia de los acuerdos con las FARC, hoy Colombia está nadando coca, como lo ejemplifica un reportaje del diario español El Mundo, de esta misma semana. Lo que ha sucedido es que desde hace dos años, el gobierno de Santos suspendió los programas de erradicación manual de plantíos en las zonas de operación de las FARC y ahora ha anunciado que suspenderá, también, las fumigaciones de los plantíos con glifosato, un producto químico, usado durante años, que los seca. Se argumenta que el glis fosato puede ser cancerígeno.
Como señala el citado reportaje, lo extraño es que el mismo producto se utiliza, en un porcentaje diez a uno mayor, como herbicida en los sembradíos de arroz y maíz, entre otros productos agrícolas, y allí es permitido, porque no existe constancia alguna de que sea cancerígeno. ¿Por qué entonces se prohíbe para fumigar plantíos de coca y se permite para alimentos de uso masivo? Para distintos sectores, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe, principal opositor de Santos (aunque éste fue su vicepresidente y su secretario de Defensa), la única razón es que existen acuerdos en ese sentido con las FARC. Y en ese punto tienen razón: sí ha existido un compromiso en ese sentido con las FARC en las negociaciones en La Habana, con el argumento de que la fumigación de los de coca acaba también con otros cultivos. Lo cual en parte es verdad, pero sólo porque los aviones fumigadores tienen que volar a mayor altura porque los de las FARC y los narcos les disparan desde tierra.
La consecuencia es que sin erradicación manual y sin fumigación de plantíos no hay forma de evitar que el país nade en coca, como dijo el propio procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez.
Esa enorme cantidad de droga se canalizará, inevitablemente, hacia México, la ruta natural de la droga. Quizás muchos de los grupos de las FARC abandonen las armas y se pasen a la legalidad, pero como sucedió en el gobierno de Uribe, luego de los acuerdos que se hicieron con los grupos paramilitares de autodefensas (las llamadas UAC), otros, simplemente, con armas, conocimientos e infraestructura se convertirán en narcotraficantes a secas. Es un fenómeno que se ha dado en muchos ámbitos y en muchas ocasiones: sucede en la propia Colombia, en Perú, en Guatemala, en El Salvador y en forma peculiar, mucho más acotado, también en México.
Sin duda, las negociaciones con las FARC y la posibilidad de acabar una guerra civil de décadas deben ser motivo de satisfacción y generar nuevas y distintas oportunidades. Pero no estamos ante un instrumento que solucionará una dinámica, un desafío que es mucho mayor, que lo trasciende. Es como el argumento de la legalización de las drogas como instrumento para acabar con la violencia del crimen organizado. La legalización puede ser útil, pero si alguien cree que con ello acabará con la violencia y el crimen organizado está equivocado. Quizás el día de mañana los acuerdos con la FARC puedan ser parte de esa transformación, pero por lo pronto, hoy, una de sus consecuencias indeseables es que Colombia está inundada de coca, la que llegará, más temprano o más tarde, a las manos de nuestros propios criminales.
Por cierto, ante la crisis que está asolando Guerrero ¿por qué se han suspendido las tareas de erradicación de amapola y mariguana en la sierra de esa entidad, cultivos que están en el corazón del terror y del financiamiento de los grupos violentos en el estado?
