Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
En su sesión plenaria celebrada éste miércoles en Altamira, el Congreso del Estado aprobó las reformas a la ley del Transporte de Tamaulipas. Se trata, sin duda, de una reforma que contiene aspectos bastante relevantes, que si se cumplieran actuarían como varita mágica y de la noche a la mañana colocarían al servicio del transporte a la altura de los mejores del mundo.
Lamentablemente la realidad es otra. No queremos pecar de pesimistas pero tampoco deseamos caer en un festivo optimismo que nos lleve a construir castillos en el aire.
Sobre todo porque no es la primera vez que se ejecuta, sin éxito, una acción legislativa con el mismo propósito que se persigue ahora: meter al orden el servicio del transporte público en el estado.
Y no es que la ley actual que se expidió en el 2002 y que fue reformada este miércoles haya sido mala. No, para nada. El ordenamiento que hace trece años fue expedido era muy bueno. El problema de su fracaso estuvo en que la autoridad nunca fue capaz de aplicarla.
El martes pasado, el mismo Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Ramiro Ramos Salinas, admitió que la ley del Transporte, ahora modificada, solo se cumplía en un 62 por ciento en el sur del estado; en un 46 por ciento en el centro y en un 48 por ciento en el norte.
De ello podemos inferir entonces que el problema no es la ley. El problema es que no se aplica.
Por esa razón nuestro escepticismo o desconfianza con respecto a las reformas avaladas en forma unánime por los legisladores en su sesión plenaria de ayer. Como le decía, las modificaciones al ordenamiento que regula el transporte se ven y oyen excelentes. Pero hasta ahí.
Por ejemplo, eso de que los microbuses, taxis y camiones tendrán que ser dotados de aparatos Gps y barras metálicas para el conteo de pasajeros, suena de maravilla, como igual de maravilloso se oye que vayan a multar con 200 días de salario mínimo al concesionario cuando el chofer sea sorprendido manejando ebrio o drogado.
Desde luego llama la atención el que se vaya a negar la concesión a unidades que tengan más de cinco años de uso. Eso significaría que ya no veríamos circulando a decenas o cientos de unidades chatarra que ci5rculan casi de milagro porque se quedan varadas en cualquier esquina por alguna falla mecánica.
Como esos, la reforma avalada contiene otros aspectos bastante novedosos, que, le insisto, si se concretaran harían de nuestro transporte público la envidia del resto de las entidades del país. Lamentablemente la brecha entre lo teórico y lo práctico es muy grande.
Ojalá y que ésta vez nos equivoquemos y que en realidad la reforma aprobada por el Congreso sea porque la autoridad está decidida a resolver ese añejo problema que representa el transporte público.
Los tamaulipecos nos merecemos un mejor servicio y el Gobierno está obligado a garantizárnoslo. Para lograrlo solo basta que se decida a aplicar la ley. Ya debe entender que ser excesivamente tolerante, como lo ha sido con los concesionarios, resulta contraproducente porque los obligados terminan pitorreándose de la norma.
La evidencia de ello está a la vista de todos con un transporte público que da pena ajena.
¿O no cree usted?.
