Jorge Fernández Menéndez.
El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, que ha mostrado una actitud por lo menos omisa ante los cotidianos hechos de violencia ocurridos en su estado, dice que los que provocan esos desmanes, ataques, robos, actos de vandalismo, tomas de casetas, no son miembros de la tristemente célebre CETEG, sino anarquistas llegados del DF.
No dudo que haya algunos o muchos militantes enviados desde la capital del país o desde Oaxaca, pero todos son parte de la misma corriente que domina la CETEG, militan juntos, viven juntos en el campamento de Chilpancingo, son parte de las marchas y bloqueos, jamás los de la CETEG o las normales rurales los han segregado o señalado. Son uno mismo. Y aunque fueran vándalos llegados de fuera, no hay razón alguna para que el gobierno no haga cumplir la ley.
No se trata sólo de la impunidad. Los daños que han provocado estos grupos al sistema productivo y la economía de Guerrero son enormes y el gobierno estatal (y en lo que le corresponde al federal) no están reparando mínimamente en ello. Las operaciones de pequeñas, medianas y grandes empresas; la vida cotidiana de miles y miles de trabajadores que diariamente tienen que transitar por las carreteras tomadas para llegar a sus trabajos; los que conducen camiones, autobuses, tráilers, están fuera de la consideración gubernamental.
Desde el 26 de septiembre pasado, todos los días se han dado actos de vandalismo que afectan a productores, distribuidores y consumidores: a toda la cadena productiva del estado. Según fuentes empresariales, las empresas más grandes y conocidas, como Bimbo, Coca-Cola, Pepsi, OXXO, Sigma, Sabritas, Modelo, Walmart, Bachoco y las compañías de autotransporte cuyos autobuses (más de 200) han sido “requisados” para el transporte de manifestantes, han sido los más afectados.
Pero también han resultado afectadas muchas empresas familiares: desde los productores del campo en pequeño hasta restaurantes y fondas, desde misceláneas hasta changarros. No hablemos de la actividad hotelera: la ocupación de Acapulco en fin de año es un espejismo de un centro vacacional que sin el respeto a la ley y sin una garantía de seguridad no volverá jamás a ser el mismo. Preguntémonos, simplemente, en cuánto afecta a la economía local que en pleno puerto haya un centenar de escuelas que no han comenzado el ciclo escolar o lo que puede ocurrir en el Tianguis Turístico con la imagen de todo un país, si el evento es castigado por estos grupos. Las fuentes consultadas estiman que las pérdidas en sus empresas por estos motivos llegan a los mil millones de pesos.
Estamos hablando de una completa catástrofe productiva: los bloqueos de calles y carreteras, impiden la circulación de mercancías y provocan el cierre de establecimientos comerciales. En la mayoría de las ocasiones, esos bloqueos se hacen con camiones de mercancías que son secuestrados y cruzados en la carretera. Suelen ser secuestrados cuando tienen que cruzar por las casetas tomadas por estos grupos y su mercancía literalmente robada. No sólo tráilers: se roban y saquean desde pequeñas camionetas de reparto hasta, incluso, los llamados camiones de doble remolque. Ese producto robado dicen que es regalado a la población: lo cierto es que simplemente se lo roban y no se conoce su destino. Hasta ahora han sido secuestradas más de 500 unidades. Los choferes son agredidos: el del camión de refrescos utilizado para atacar el cuartel de Iguala, fue golpeado y le rompieron un brazo, ninguna autoridad respondió por él.
Pero también, a los bloqueos, secuestros y robos hay que sumar los plantones frente a las fábricas y centros de distribución, para evitar la entrada y salida de productos. Y los saqueos a comercios: desde tiendas de grandes cadenas comerciales hasta establecimientos locales en plazas comerciales o gasolinerías (por cierto, la muerte del trabajador ocurrida en Chilpancingo cuando miembros de la normal de Ayotzinapa incendiaron esa gasolinería todavía está impune: para el gobierno estatal tampoco todas las muertes son iguales). Ahí también se roban las mercancías o la gasolina.
En ese ambiente se han presentado casos de extorsión a fabricantes y comerciantes, amenazándolos con no permitirles abrir el establecimiento o distribuir sus productos si no pagan una cuota. Hacen lo mismo que los narcotraficantes, pero con una bandera política.
Los empresarios, pequeños y grandes han expresado su inconformidad de manera pública y privada, a las autoridades federales y estatales. Ninguna, hasta ahora, los ha tomado en cuenta. Se dijo que la Gendarmería Nacional se creaba en buena medida para garantizar los ciclos productivos ante este tipo de amenazas. Nadie ha visto que esa o alguna fuerza de seguridad esté protegiendo los ciclos productivos en Guerrero, y esa amenaza se ha extendido a Oaxaca y Michoacán y comienzan a presentarse casos en Veracruz y el Estado de México.
