Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
Para impedir multas arbitrarias y abusos de autoridad, una iniciativa de reforma pretende obligar a los agentes de Tránsito a demostrar mediante pruebas de alcoholemia que un automovilista conduce alcoholizado.
La acción legislativa impulsada por la diputada de Morena, Guillermina Magaly Robinson, busca adicionar el artículo 14 Bis 2 a la Ley de Tránsito del Estado, con el propósito de impedir sanciones sustentadas únicamente en sospechas de los oficiales.
La propuesta surge a raíz de denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido multados, despojados temporalmente de sus documentos o afectados con el traslado de sus vehículos al corralón, sin que existiera una prueba que demostrara que conducían en estado de ebriedad.
De aprobarse la reforma, los agentes de Tránsito no podrían imponer multas, retener documentos ni ordenar el arrastre de vehículos por presunta ebriedad sin contar con una prueba de alcoholemia, un examen técnico autorizado o una certificación médica que respalde su actuación.
La legisladora advirtió que actualmente existen quejas de automovilistas sancionados porque un oficial consideró, bajo su propio criterio, que se encontraban alcoholizados, sin practicarles ningún examen para comprobarlo.
“Nadie debe ser sancionado por sospechas, por impresiones personales o por apreciaciones subjetivas”, sostuvo durante la presentación de la iniciativa.
Robinson aclaró que su propuesta no pretende eliminar las sanciones contra quienes conducen bajo los efectos del alcohol, sino evitar que los agentes utilicen esa presunción para imponer castigos sin sustento.
Insistió en que la seguridad vial debe garantizarse mediante la aplicación de la ley, pero sin permitir que las autoridades vulneren los derechos de los automovilistas mediante actuaciones arbitrarias.
La iniciativa establece que cualquier sanción relacionada con una presunta conducción en estado de ebriedad deberá estar respaldada por elementos técnicos o médicos que acrediten la infracción.
Con ello, se pretende cerrar la puerta a multas, retenciones de documentos y traslados al corralón basados exclusivamente en el criterio personal de los oficiales.
La propuesta será sometida al análisis legislativo correspondiente y, de aprobarse, incorporaría a la Ley de Tránsito una prohibición expresa contra ese tipo de actuaciones sin pruebas que las justifiquen.




