Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
Movimiento Ciudadano está promoviendo una reforma para que los estudiantes de escuelas públicas de Tamaulipas tengan garantizada atención médica gratuita cuando sufran accidentes dentro o fuera de los planteles escolares.
La iniciativa, presentada ante el Congreso del Estado por los diputados Mayra Benavides Villafranca y Juan Carlos Zertuche, contempla crear el Seguro Escolar Integral mediante modificaciones a las leyes de Educación, Salud y Seguridad Escolar de Tamaulipas.
El beneficio alcanzaría a estudiantes de educación básica que sufran lesiones durante las clases, actividades escolares autorizadas o en los trayectos de ida y regreso entre su domicilio y la escuela.
La cobertura incluiría consultas, medicamentos, estudios médicos, hospitalización, cirugías, atención especializada, ambulancias y rehabilitación, sin que las familias tengan que pagar deducibles, cuotas o anticipos.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa establece que ningún estudiante podría ser rechazado por carecer de seguridad social, mientras que la inscripción escolar bastaría para acceder al beneficio.
También contempla que la atención de urgencias no pueda condicionarse a trámites administrativos, autorizaciones de aseguradoras o presentación de documentos, particularmente cuando esté comprometida la salud del menor.
Los tratamientos médicos tendrían que continuar hasta el alta del paciente, incluso cuando concluya el ciclo escolar, cambie de plantel o venza la póliza utilizada para financiar la atención.
Como antecedente, los legisladores señalaron que durante 2016 un programa de Seguro Escolar gratuito atendió a mil 32 alumnos accidentados en Tamaulipas, aunque no precisaron su cobertura actual.
La iniciativa también plantea que el Gobierno del Estado destine recursos presupuestales para financiar el esquema, cuya operación estaría coordinada por las secretarías de Educación y Salud.
De aprobarse las reformas, las autoridades tendrían que poner en funcionamiento integral el seguro, a más tardar, el primero de enero del año siguiente a la entrada en vigor del decreto.
