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La zona serrana cuenta con 23 ríos y 900 mil hectáreas, en su mayoría boscosas.
El 22 de octubre de 2022, tras la aprobación del decreto, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda celebró el reconocimiento, al que calificó como un hecho histórico, y aseguró que su Gobierno no dejaría «jamás en el olvido a los pueblos serranos».
Para Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos, las comunidades continúan abandonadas y las organizaciones criminales han extendido la violencia.
Desplazamiento y violencia
En noviembre de ese año, presuntos policías comunitarios vinculados con la organización criminal de Los Tlacos irrumpieron en siete comunidades de los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo. El episodio provocó el desplazamiento de mil 800 familias.
«En esa irrupción los delincuentes quemaron casas, sembradíos de maíz y huertas», recuerda Rosales Sierra.
Algunas de las personas desplazadas se fueron a Estados Unidos para trabajar, aunque la mayoría se estableció en distintas ciudades de Guerrero y de otras entidades del País.
En relación con ese episodio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 171/2023, fechada el 29 de septiembre de 2023 y difundida el 14 de noviembre de ese año.
El documento se refiere a violaciones a los derechos humanos de 171 personas desplazadas de Filo de Caballos y Los Morros, comunidades de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala.
La recomendación fue dirigida al Gobierno de Guerrero y a los dos ayuntamientos, a los que solicitó medidas de atención integral para las víctimas, incluidas acciones relacionadas con su seguridad, salud, educación y empleo.
Rosales Sierra sostiene que las autoridades no han cumplido plenamente con las medidas necesarias para atender a las personas desplazadas. Sin embargo, el Gobierno estatal informó en febrero de 2026 que daba seguimiento a la recomendación.
La activista también acusa que las autoridades estatales y federales no han garantizado condiciones de seguridad para los habitantes de la Sierra.
En la comunidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, pobladores afirman que el reconocimiento de la Sierra como octava región no se ha traducido en mejoras para sus comunidades.
«En este Gobierno —de Evelyn Salgado— no hubo resultados, nos hacen falta caminos, no hay escuelas, clínicas de salud y ahora estamos peor con los ataques de las organizaciones criminales», dice una autoridad del ejido.
En junio de 2026, una empresa contratada por el Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) abandonó los trabajos de construcción de la escuela de telebachillerato de la comunidad. La obra comenzó en diciembre de 2024 y debía concluir a más tardar en mayo de 2025.
Ante la falta de instalaciones, los adolescentes reciben clases en una galera acondicionada por los padres de familia en la comisaría municipal.
Los padres también trasladan cada fin de semana, en un vehículo particular, a los maestros hasta la cabecera municipal de Tecpan de Galeana. Según los testimonios, la Secretaría de Educación de Guerrero no les proporciona viáticos para alimentación y transporte.
Además, una camioneta de transporte público suspendió el servicio hacia El Durazno debido a la inseguridad.
En diciembre de 2022, integrantes de La Familia Michoacana irrumpieron en esa comunidad y sacaron de sus casas a siete hombres, entre ellos un adolescente. Los llevaron a la escuela primaria, donde los asesinaron a balazos.
Los habitantes escucharon las detonaciones y después el ruido de las camionetas en las que huyeron los agresores.
La Fiscalía General del Estado detuvo a uno de los presuntos autores materiales, quien fue sentenciado a 140 años de prisión. Sin embargo, habitantes de la zona aseguran que el hombre fue liberado y que lo han visto amenazando a pobladores de El Durazno.
El resto de los perpetradores, que según los vecinos eran alrededor de medio centenar, no ha sido detenido.
Secuestros en la Sierra
El 1 de octubre, el menor fue liberado. De acuerdo con los pobladores, el grupo criminal condicionó la liberación de los otros siete hombres a que se le permitiera entrar al territorio y explotar sus recursos naturales.
«No están solas, seguimos con las búsquedas», dijo la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda a las familias que solicitaron su ayuda.
El mensaje fue difundido después de que habitantes del ejido anunciaran que protestarían en Palacio Nacional, en la Ciudad de México. También ocurrió luego de que el Juez Noveno de Distrito, con sede en Chilpancingo, ordenara al Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal buscar a los secuestrados.
Cinco días antes del plagio, el 19 de septiembre, autoridades de 64 comunidades de la Sierra, pertenecientes a los municipios de Petatlán, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalán, se reunieron en una asamblea en La Ola.
En el encuentro denunciaron el deterioro de los caminos y el cierre de escuelas y centros de salud por falta de maestros y personal médico. La reunión se realizó en una zona que, de acuerdo con testimonios, está bajo control de Los Arreola, organización rival de La Familia Michoacana.
El 16 de octubre, integrantes de La Familia liberaron a seis de los siete hombres que permanecían secuestrados. Los abandonaron en La Lajita, el sitio donde habían sido interceptados.
Domingo Atanacio Quirino continúa sin aparecer. Sus hijos difundieron videos en redes sociales para pedir su liberación o que les informaran si había sido asesinado, a fin de recuperar su cuerpo y sepultarlo en su comunidad.
De acuerdo con los liberados, sus captores separaron a Domingo del resto y lo llevaron a un cuarto. Dijeron haber escuchado gritos, por lo que presumieron que era torturado. Después dejaron de verlo.
Una región atravesada por conflictos
A finales de abril de 2023, siete alcaldesas y alcaldes, dos diputados locales y un legislador federal de Tierra Caliente encabezaron un bloqueo carretero junto con transportistas y pobladores. Protestaban contra la entonces Fiscal estatal, Sandra Luz Valdovinos, por el decomiso de 11 vehículos que presuntamente pertenecían a familiares de los líderes de La Familia Michoacana, José Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga.
Tras la presión de ediles y legisladores, Salgado acudió en un helicóptero militar a las instalaciones del 49 Batallón de Infantería, en Ciudad Altamirano, donde se reunió con ellos. Los funcionarios le solicitaron seguridad para transitar por las carreteras, pues temían ser retenidos en los accesos a Teloloapan por integrantes de una organización criminal.
Durante su administración, Salgado también visitó en septiembre de 2023 Puerto del Gallo, comunidad de Heliodoro Castillo, después de que pobladores retuvieron a un grupo de militares. Los reclamos fueron similares a los actuales: seguridad, caminos, reapertura de escuelas y centros de salud, y programas sociales.
En 2019, Rigoberto Acosta González, entonces dirigente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (CRESIG), denunció que el propio Gobierno criminalizaba y estigmatizaba a los habitantes de la región al calificarlos de «amapoleros». Acosta fue asesinado a balazos en octubre de 2024.
«Esos calificativos que hacen las autoridades a la gente de la Sierra lo usan como pretexto para mantener a esa región en el olvido, en la marginación», señaló entonces.
Acosta, quien previamente había sido Secretario de Desarrollo Rural estatal, reconoció que parte de la población serrana se dedicaba a cultivar amapola porque el Gobierno no ofrecía otras alternativas económicas.
Sin embargo, el negocio perdió rentabilidad a partir de 2016, cuando el precio del kilogramo de goma de opio cayó a entre cuatro mil y cinco mil pesos, después de haber alcanzado hasta 33 mil pesos.
Un estudio de 2016 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), sobre monitoreo de cultivos de amapola, estimó que México producía 28 mil 100 hectáreas de esa planta al año. El País ocupaba entonces el tercer lugar mundial, detrás de Afganistán y Myanmar. El cultivo se extendía por nueve estados de las sierras Madre Occidental y Madre del Sur, entre ellos Guerrero.
El Centro de Derechos Humanos José María Morelos sostiene que la colusión entre autoridades estatales y municipales y organizaciones criminales ha contribuido a una crisis humanitaria, con miles de personas obligadas a abandonar sus comunidades.
La violencia contra defensores del territorio tiene antecedentes de décadas.
El Centro de Derechos Humanos José María Morelos atribuye la persistencia de la violencia a la inacción gubernamental y acusa que esa falta de respuesta favorece la permanencia de grupos criminales en el territorio.
En mayo de 2026, Javier Mendoza Peñaloza, secretario del ejido Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, aseguró que el ex Alcalde de Tlalchapa, Martín Mora Aguirre, se reunió con un líder de La Familia Michoacana para pactar una tregua en la región, supuestamente a nombre del senador Félix Salgado Macedonio y de su hija, la Gobernadora Evelyn Salgado.
Mendoza Peñaloza afirmó que estuvo presente en la reunión.
Mora Aguirre rechazó las acusaciones y sostuvo que formaban parte de una «guerra sucia» contra su esposa, la diputada Guadalupe Eguiluz, quien aspiraba a la candidatura a la gubernatura.
La familia Mora Aguirre ha ocupado la Alcaldía de Tlalchapa durante aproximadamente 15 años, alternándose en el cargo Martín Mora, su esposa Guadalupe Eguiluz y sus hijas Amalia y Tania, esta última la actual Alcaldesa.
Tlalchapa forma parte de los municipios de Tierra Caliente donde, de acuerdo con la información recabada, las autoridades cohabitan con La Familia Michoacana, organización encabezada por José Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga, alias «La Fresa» y «El Pez».
Huyen de sus pueblos por la violencia
Las 50 familias de San Ignacio, Pie de la Cuesta, El Puentecito, El Mamey y La Vainilla dejaron sus casas, huertas y parcelas donde sembraban maíz y criaban animales.
Debido a la premura con que salieron, algunas personas dejaron ropa tendida en los patios.
«Preferimos salirnos de nuestros pueblos antes de apoyar a esas personas que nos tienen amenazados», relata un habitante de una de las cinco comunidades del municipio de Zihuatanejo de Azueta.
De acuerdo con testimonios recabados, las familias decidieron abandonar sus comunidades después de semanas de acoso y de la falta de apoyo de las autoridades de los tres niveles de Gobierno.
Uno de los desplazados, quien se fue con su familia fuera de Guerrero, contó que aproximadamente dos semanas antes se registró un ataque armado en el que murió un lugareño.
Algunas familias regresaron después de recibir apoyo del Ejército y la Guardia Nacional, pero consideraron insuficiente el resguardo y volvieron a salir el sábado 17 de octubre.
El habitante señaló que desde 2021 han sufrido intimidaciones de un grupo criminal al que conocen como «el de las cuatro letras».
Entre 2021 y 2023 fueron asesinados a balazos Osvaldo Torres, de Pie de la Cuesta; Reyné Quiroz, de El Mamey, e Hilario Pacheco, de Cajones.
Según los testimonios, en 2023 aumentaron las amenazas contra los pobladores. Los integrantes del grupo criminal robaban chivos y gallinas, y advertían a los habitantes que les harían daño si se resistían.
«Esa gente llegaba a las comunidades para robarnos nuestros chivos y gallinas. No podíamos hacer nada porque nos amenazaban con hacernos daño», relató un desplazado.
Recientemente, las exigencias escalaron: los delincuentes pretendían que los habitantes colaboraran con la organización y realizaran actividades ilícitas.
«Querían que ahora los acompañáramos en todo lo que ellos hacen, pero les dijimos que no y aumentaron las amenazas, por lo que decidimos salirnos de nuestros pueblos sin el apoyo del Gobierno», dijo.
«No nos apoyaron con despensas y un techo donde dormir y por eso muchos preferimos irnos a vivir con algunos de nuestros familiares», comentó uno de los desplazados, quien pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.
El éxodo dejó cerradas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de las localidades.
Se buscó al Secretario de Educación de Guerrero, Ricardo Castillo Peña, para conocer cuántos maestros atendían las escuelas de las cinco comunidades y cuántos estudiantes se quedaron sin clases. El funcionario no respondió las llamadas ni los mensajes.
De acuerdo con las estadísticas del Centro de Derechos Humanos José María Morelos, hasta 2025 Guerrero tenía un registro de 22 mil personas desplazadas por la violencia y los conflictos religiosos.
Teodomira Rosales Sierra, presidenta de esa organización, acusa al Gobierno estatal de incumplir la Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno, pues, sostiene, las familias que sufren desplazamiento forzado no reciben el apoyo que necesitan.
«Asuntos como el de los pueblos de la Sierra de Zihuatanejo ocurren en otras zonas de Guerrero e incluso en Acapulco, debido a que durante este Gobierno de Evelyn Salgado las organizaciones del crimen organizado han aumentado, porque hay una complicidad», afirma Rosales Sierra.
