Al mismo tiempo, el juzgador decretó un receso de 12 horas porque la defensa dijo que no había tenido acceso a la carpeta de investigación, que consta de cuatro tomos con 54 anexos, razón por la que la audiencia inicial se reanudará a las 21:00 horas de este martes.
El juez dictaminó que la diligencia será parcialmente privada, pero estableció que eso significa que el público y la prensa no pueda estar presente en la sala judicial durante la formulación de imputación contra Jáuregui y los debates entre las partes.
En una diligencia celebrada esta mañana, de las 8:50 a las 9:45 horas, la fiscal federal Brenda Pluma Ramírez pidió al juez que ordenara celebrar la diligencia a puerta cerrada, por tratarse de un asunto relacionado con la seguridad nacional, cuya ley en la materia prevé la reserva de información.
La funcionaria incluso expresó que la prensa podría tergiversar la información que se diera a conocer en la audiencia y expondría información de personas de otros países, lo que podría ocasionar un «debate» con otras naciones.
Jáuregui intervino en este debate y pidió al juzgador que permitiera la presencia de los medios de comunicación, porque se trata de un asunto que los ciudadanos tienen derecho a saber y el debate iba a ser jurídico, no sobre datos de seguridad nacional.
Al final, el juzgador le dio la razón a la FGR porque en su opinión esta causa penal sí contiene información que puede poner en riesgo la seguridad nacional, con repercusiones en otros países, sin mencionar alguno en específico.
En defensa de Jáuregui, comparecieron en la sala de audiencias los abogados José Ramón Flores Flores y Arturo Medel Casquera, este último quien fuera hasta el año pasado juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.
Por vía remota, estuvo presente Héctor Villasana Ramírez, quien también es defensor del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte.
El pasado 18 de abril, la Fiscalía Estatal de Chihuahua aseguró un narcolaboratorio de drogas sintéticas en un predio de la Sierra del Pinal, en el Municipio de Morelos.
En la madrugada siguiente, tras concluir la operación, Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación, Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, agentes de la CIA, murieron en un accidente automovilístico.
En el predio de los narcotraficantes, la FGR más tarde incautó 55 mil litros y más de 50 toneladas de precursores químicos, y casi 2 mil litros de metanfetamina.
La FGR atribuye a Jáuregui el delito de traición a la patria, previsto en el artículo 123, fracción I, del Código Penal Federal, que castiga con 5 a 40 años de prisión «al mexicano que realice actos contra la independencia, soberanía de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a grupo extranjero».
Lo anterior porque, según la Fiscalía, los dos estadounidenses no contaban con registro de alguna autorización de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ni del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, para que pudieran internarse temporalmente en territorio nacional con fines de intercambio de información.
Tampoco tenían ninguna licencia de portación de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, no obstante que existen indicios de que estarían armados.
