Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
El gobierno del estado revisará las pensiones otorgadas por decreto y revocará aquellas que ya hayan cumplido la finalidad para la que fueron concedidos.
Así lo establece una iniciativa enviada por el gobernador Américo Villarreal Anaya al Congreso del Estado, que será analizada y dictaminada antes de someterse a la aprobación del Pleno legislativo.
El proyecto busca facultar a la Secretaría de Administración para meterle lupa a la nómina de pensionados por decreto y proponer al mandatario estatal la modificación o revocación de los beneficios que considere justificado revisar.
En su exposición de motivos, el Ejecutivo reconoce que tiene registros de pensiones que ya cumplieron, total o parcialmente, el propósito por el que fueron autorizadas, pero no revela cuántas se encuentran en esa situación.
Entre los beneficiarios de este tipo de pensiones figuran viudas e hijos de policías y personal de procuración de justicia fallecidos en cumplimiento de su deber, así como familiares de personas que prestaron servicios eminentes al Estado.
A diferencia de las jubilaciones ordinarias del IPSSET, estas pensiones son concedidas mediante decretos aprobados por el Congreso, a propuesta del gobernador, previo análisis jurídico y presupuestal.
El problema, según la iniciativa, es que durante años esos beneficios fueron otorgados sin establecer reglas específicas para revisar su continuidad, modificar sus condiciones o determinar cuándo procede su revocación.
Para intervenir en esa nómina, Villarreal Anaya propone reformar el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, incorporando dos nuevas atribuciones para la Secretaría de Administración.
La dependencia podría revisar los expedientes y presentar propuestas de modificación o cancelación al gobernador, aunque la reforma no le concede facultades para retirar unilateralmente las pensiones.
Lo que tampoco aclara el documento es cuánto dinero representan esos beneficios para el erario, cuántas personas los reciben ni cuál sería el ahorro para las finanzas estatales en caso de concretarse algunas revocaciones.
La propuesta tampoco identifica a los pensionados cuyos beneficios habrían dejado de cumplir su finalidad, por lo que aún se desconoce quiénes podrían resultar afectados por la revisión.
El Ejecutivo sostiene que los procedimientos deberán respetar los derechos adquiridos y el debido proceso, aunque el proyecto no desarrolla los criterios específicos que se utilizarían para determinar qué pensiones pueden modificarse o revocarse.
De aprobarse la reforma, la Secretaría de Administración tendría un plazo máximo de 90 días naturales, contado a partir de su entrada en vigor, para adecuar su reglamentación y demás disposiciones aplicables.
Cabe señalar que, fue durante el gobierno del panista, Francisco García Cabeza de Vaca, cuando se otorgó el mayor número de pensiones por decreto.
