Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
Tamaulipas contará con una nueva ley para resolver conflictos constitucionales entre poderes y municipios, además de permitir la invalidación de leyes estatales y reglamentos municipales que contravengan la Constitución local.
La iniciativa, presentada por los diputados morenistas Lucero Deosdady Martínez López y Humberto Armando Prieto Herrera, fue presentada este lunes por la Diputación Permanente del Congreso del Estado, y aprobada de inmediato.
El proyecto contempla expedir la Ley de Mecanismos de Control Constitucional para el Estado de Tamaulipas, integrada por tres títulos, 20 capítulos, 84 artículos y un artículo transitorio, con la que se establecerán procedimientos para impugnar actos y disposiciones de las autoridades.
Su principal consecuencia será que el Supremo Tribunal de Justicia, actuando como Tribunal Constitucional, podrá resolver controversias entre instituciones públicas y determinar la validez de normas estatales y municipales.
De aprobarse, los ayuntamientos tendrán una vía jurisdiccional local para defender sus atribuciones frente a decisiones del Gobierno del Estado o del Congreso que consideren contrarias a la Constitución tamaulipeca.
El mismo mecanismo permitirá resolver conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre distintos municipios y aquellos relacionados con organismos autónomos, dentro de las competencias previstas por la nueva legislación.
Además, podrán impugnarse leyes, decretos y puntos de acuerdo del Congreso, así como reglamentos y disposiciones generales del Ejecutivo y los ayuntamientos que presuntamente vulneren la Constitución estatal.
Para promover acciones de inconstitucionalidad, los diputados o regidores deberán reunir el respaldo de al menos el 33 por ciento de sus respectivos órganos legislativos, aunque otros funcionarios también estarán facultados.
Entre ellos figuran el gobernador, a través de la Consejería Jurídica; los síndicos, el fiscal general y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, cuando se trate de normas que vulneren derechos humanos.
La invalidación de normas con efectos generales requerirá el voto favorable de cuando menos dos terceras partes de los magistrados del Tribunal Constitucional; de no alcanzarse esa mayoría, la acción será desestimada.
La legislación también establecerá plazos para presentar demandas, permitirá suspender determinados actos de autoridad y contemplará mecanismos para exigir el cumplimiento de las sentencias, incluida la intervención del Ministerio Público en los supuestos previstos.
La propuesta busca sustituir la legislación abrogada en enero de 2023 y restablecer el control constitucional local, aunque todavía deberá recibir la aprobación definitiva del Pleno del Congreso antes de entrar en vigor.
