Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
Los vecinos podrían conocer, objetar y participar antes de que los Ayuntamientos autoricen fraccionamientos, cambios de uso de suelo o desarrollos inmobiliarios de alto impacto, mediante un nuevo procedimiento de consulta pública propuesto en el Congreso de Tamaulipas.
A través de una iniciativa de decreto, el diputado de Morena, Francisco Adrián Cruz Martínez, propone para ello crear el denominado Procedimiento de Publicitación Vecinal dentro de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado.
El mecanismo podría aplicarse antes de expedir licencias, permisos, autorizaciones o dictámenes para fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, desarrollos habitacionales, comerciales e industriales, así como obras con impacto urbano o vial significativo.
Antes de resolver, el Ayuntamiento tendría que publicar la descripción y expediente técnico del proyecto en su portal oficial, estrados municipales y al menos un medio de comunicación local, además de notificar a comités vecinales o consejos ciudadanos registrados.
Los habitantes dispondrían de un plazo mínimo de 10 días hábiles para presentar observaciones por escrito o medios electrónicos y tendrían derecho a participar en una audiencia pública, cuya convocatoria deberá hacerse con al menos 72 horas de anticipación.
En esa audiencia, el promovente deberá exponer el proyecto, escuchar las inconformidades y atender propuestas de mitigación o modificación. Posteriormente, el municipio elaboraría un informe público con cada observación recibida y una respuesta fundada sobre su aceptación o rechazo.
La reforma también permitiría a los vecinos consultar planos, estudios ambientales, dictámenes de impacto urbano o vial y demás documentos técnicos, además de impugnar una resolución cuando el procedimiento de participación haya sido omitido.
El proyecto establece además que los promoventes deberán proporcionar la información técnica, acudir a las audiencias y financiar los estudios de impacto cuando corresponda. Los municipios tendrían hasta 180 días para expedir su reglamentación, aunque la iniciativa condiciona la aplicación del mecanismo a la disponibilidad presupuestal de cada Ayuntamiento.
