Por: Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
Las niñas y niños cuyos progenitores estén privados de la libertad serían reconocidos en Tamaulipas como un sector infantil en condiciones especiales de vulnerabilidad.
Así lo propone una iniciativa de decreto presentada por la diputada de Morena, Francisca Castro Armenta, que busca adicionar el artículo 21 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas.
La reforma obligaría a las autoridades competentes a garantizar la protección integral de los derechos de estos menores, observando en todo momento el principio del interés superior de la niñez.
También establece que, en los casos de niñas y niños que convivan en los reclusorios con personas privadas de la libertad y de mujeres embarazadas sujetas a prisión preventiva o que compurguen una pena, se aplicarán las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
En la exposición de motivos se advierte que la legislación estatal reconoce actualmente el derecho de convivencia con familiares privados de la libertad, pero no identifica a estos menores como un grupo en condiciones especiales de vulnerabilidad, lo que limita el diseño de políticas públicas específicas.
La promovente sostiene que esa omisión deja a niñas y niños expuestos a riesgos de estigmatización, abandono y desigualdad, además de dificultar que las instituciones atiendan sus necesidades con un enfoque diferenciado.
Entre los efectos previstos de la reforma se encuentra el fortalecimiento de la actuación del DIF y de la Procuraduría de Protección, mediante programas y acciones dirigidas específicamente a este sector de la población infantil.
Como parte de los datos duros de la iniciativa, se adiciona un solo artículo, el 21 Bis, sin modificar el contenido del artículo 21 vigente, para incorporar el reconocimiento legal de este nuevo grupo vulnerable.
