Por Luis Alberto Rodríguez Juárez
El caso del feminicidio de Dafne en Ciudad Madero, Tamaulipas, está arrojando más hechos que llevan a cuestionar el manejo de ese caso a través de los medios de comunicación masiva, sobre todo ante la intentona gubernamental de cargar la culpa de filtraciones y supuesta información falsa a quienes ejercen el periodismo en todas sus facetas.
Resulta que, en días pasados, empezó a circular en diversas redes sociales una grabación del sistema 911 de Tamaulipas en el que una de las probables responsables del feminicidio, de nombre Estrella, llamó a ese servicio de emergencia para pedir una ambulancia porque Dafne había perdido el conocimiento y estaba tirada en la zona de baños.
Más que el contenido, la grabación resulta ser un elemento central en la investigación, formaría parte de las evidencias que deberían estar en cadena de custodia y con la advertencia de las implicaciones legales para quienes tuvieran acceso a esa prueba, en caso de mal uso o publicidad.
Pero ante la diversidad de información que se ha ventilado respecto a Dafne y la puja mediática para establecer la responsabilidad o no de la joven Danna Yanina; de Estrella y del Comandante Ponce, se ha tratado de colocar elementos propios del juicio a la luz pública.
Procesalmente, una prueba bajo custodia pierde validez cuando se hace mal uso de ella, sobre todo si afecta el debido proceso. La publicación de la grabación correría en favor de Estrella, pues de manera notoria se trataría de desacreditar cualquier imputación a partir del contenido.
El tema va más allá.
Si fue una autoridad la que filtró el audio, hay responsabilidad legal como establece el Código Penal de Tamaulipas.
Pero está en curso otro hecho, en el ámbito nacional: el intento gubernamental de castigar a los medios cuando -apelando al derecho de audiencia- se considere que una información, a partir de la creencia de que es falsa o busca desacreditar hechos o personas, puede ser motivo de una denuncia que valorarían las propias autoridades, para imponer sanciones, sobre todo económicas que pondrían en riesgo a los medios.
¿Qué pasa si es la propia autoridad de cualquier índole es la que, por conveniencia, filtra audios, fotografías, videos, documentos o cualquier otra evidencia para incidir en los hechos?
Está lo previsto en el Código Penal. Pero la regla entonces no es pareja.
Si un medio recibe filtraciones que busca resguardar en el anonimato, entonces corre el riesgo de sanciones, sobre todo si los aludidos se sienten afectados.
Un audio del sistema 911 de Tamaulipas, como el filtrado en estos días, dentro del caso Dafne quedó en duda sobre la certeza de si era real, en tiempos de la inteligencia artificial donde hoy se pueden crear y manipular muchas cosas.
Fue la madre de Dafne la que dijo era real porque comentó que contaba con decenas de grabaciones y podía identificar claramente a Estrella.
Una vara distinta para medir.
Si el medio usa fuentes anónimas, corre el riesgo de ser sancionado, en especial cuando se mencionan personas que pueden apelar al derecho de audiencia.
Pero si desde el gobierno o cualquier de quienes actúan en la esfera gubernamental filtran a los medios, entonces puede que nada pase.
Las amarras a los medios siguen siendo una gran tentación para los gobiernos.
El control de daños y las gestiones de crisis, aunado a las estrategias de cooptación de medios parecen serles insuficientes en las áreas gubernamentales.
Ahora el mazo disfrazado de derecho de audiencias será la regla.
Ya del padrón veracruzano de periodistas ni hablamos.
Y entonces sí, las opiniones con toda la subjetividad que pueden tener porque son deducciones, pueden ser sancionables porque -al final- no es información objetiva, como se exigirá.
La libre expresión está en riesgo.
