Por Luis Alberto Rodríguez Juárez
Es más que entendible el malestar que expresan las familias alrededor del feminicidio de Dafne, cometido en la academia militarizada Marina Doenitz, de Ciudad Madero.
Son víctimas tanto Dafne Zapata Quintos, la niña de 13 años a quien se privó de la vida por una inmersión que le causó asfixia, como Danna Yanina, la joven de 18 años, quien ha sido señalada de participar en los hechos.
Víctima una porque murió.
Víctima la otra porque en ese internado fue objeto de brutales hechos de golpes y abuso sexual, según testimonios de algunos de sus compañeros.
Es probable que Danna Yanina no quede excluida de responsabilidades y se le aplique una sentencia, pero puede atenuarse la imputabilidad, sobre todo si actuaba por órdenes de Estrella Mora, quien tenía a su cargo el mando “operativo” y los correctivos en la academia.
El hecho ha trascendido a Ciudad Madero, a Tamaulipas y México. Es noticia internacional.
El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, fue más allá al señalar que en Tamaulipas operan 5 academias militarizadas, con la aprobación de la secretaría de Educación estatal. Pero no pasó de ser un enunciado del funcionario federal.
Jurídicamente se han seguido las pautas procedimentales hasta ahora en que se está en la etapa de las vinculaciones a proceso y la aplicación de la prisión preventiva, por tratarse de un delito grave.
Muy grave porque la muerte de Dafne destapó una cloaca de maltratos a muchos niños y niñas, quienes fueron enviados por sus padres a la academia, en calidad de internados, bajo la figura de campamentos de verano o reclusión por años.
Mucho más tendrá que salir en la responsabilidad para el dueño de la academia, de nombre Jorge Luis, el comandante; de Estrella, la comandante y quienes hayan tenido a su cargo la conducción.
Abuso sexual, trata de menores, maltrato infantil son sólo algunos de los delitos que se pueden adicionar en una nueva indagatoria que habría iniciado la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, más allá del feminicidio.
Jurídicamente las cosas van, pero la inconformidad de los familiares de Danna Yanina y de Dafne continúa y se ha mediatizado a gran escala.
En particular, llama la atención que -a pesar de ser un tema que ha llegado a la conferencia presidencial y está bajo el escrutinio de los medios de comunicación masiva, no haya una aparente atención a los familiares, de uno y otro lado.
¿Dónde está la Comisión estatal de Atención a Víctimas del Delito?
¿Dónde la operación política?
No se trata, de manera alguna, de silenciar a los familiares, pero da la impresión de que nadie de gobierno o la fiscalía estatal se ha sentado con ellos para orientarlos y dejarles suficientemente claro el proceso que se sigue.
La evidencia más clara es -como en el caso de las doctoras del Hospital Infantil que denunciaron haber sido violadas dentro del nosocomio- el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, ha tenido que confrontar a los familiares.
No es evadir a las víctimas indirectas del delito, pero afloró la rispidez de los encuentros -con todo y el control de daños mediático ejercido para revertir la percepción y querer mostrar que el gobierno está del lado de las familias.
Si la madre de Dafne no hubiera mediatizado el asunto, tal vez habría sucedido lo mismo que con las doctoras: pasaría por el silencio estratégico, calculado.
El Fiscal Govea ha salido a informar desde el ángulo técnico. El Gobernador a generar compromiso de justicia.
Y los operadores políticos que deberían blindar al Ejecutivo estatal se mantienen aparentemente al margen del asunto.
Estos son temas sensibles que van más allá del control de daños mediático.
