Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
En apenas cinco meses, 720 padres desobligados fueron denunciados penalmente en Tamaulipas por incumplir con la manutención de sus hijos, una cifra que se acerca a las 750 carpetas de investigación registradas durante el primer semestre del año pasado.
Las estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, difundidas en su sitio oficial, establecen que las denuncias corresponden al periodo de enero a mayo del 2026, con un promedio de 144 casos mensuales por abandono de obligaciones alimenticias.
La región de Victoria encabeza la incidencia estatal con 240 denuncias, seguida de Matamoros con 139 casos, Reynosa con 138, Tampico con 99, El Mante con 60 y Nuevo Laredo con 44 investigaciones.
El reporte mensual señala que Victoria acumuló 45 denuncias en enero, 49 en febrero, 59 en marzo, 46 en abril y 41 en mayo, siendo la zona donde más se persigue este delito.
En Matamoros se iniciaron 29 carpetas en enero, 26 en febrero, 30 en marzo, 31 en abril y 23 en mayo; mientras Reynosa registró 23, 34, 35, 24 y 22 denuncias, respectivamente.
De acuerdo con jueces consultados, uno de los principales argumentos que presentan los padres denunciados es que no cuentan con empleo o ingresos suficientes para cumplir con el pago de la pensión alimenticia, aunque esa situación debe ser analizada dentro de cada procedimiento judicial.
El artículo 295 del Código Penal de Tamaulipas establece que comete el delito de abandono de obligaciones alimenticias quien, sin motivo justificado, deje de proporcionar los recursos necesarios a las personas con las que tiene el deber legal de hacerlo.
Mientras que el artículo 296 del mismo ordenamiento contempla para los responsables una sanción de uno a seis años de prisión, multa de hasta 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, además del pago de las cantidades que dejaron de entregar.
La legislación advierte que la falta de cumplimiento en la manutención de los hijos no solamente representa un conflicto familiar, sino que puede convertirse en una responsabilidad penal para quienes evaden esta obligación.
