Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
Las fiscalías del país enfrentan un severo rezago tecnológico que limita la calidad de las investigaciones criminales y reduce las posibilidades de esclarecer delitos y obtener sentencias condenatorias, advirtió un estudio elaborado por México Evalúa.
El informe de la organización no gubernamental, titulado “Justicia Digital en las fiscalías”, representa el primer diagnóstico nacional enfocado en medir las capacidades tecnológicas de las instituciones encargadas de investigar delitos, después de que los análisis previos se concentraran únicamente en los poderes judiciales.
El estudio señala que el propósito es identificar si las fiscalías cuentan con las herramientas mínimas para realizar investigaciones sólidas y presentar ante los tribunales casos sustentados con pruebas científicas y digitales.
México Evalúa recuerda que toda investigación penal depende del trabajo coordinado de cuatro áreas fundamentales: el Ministerio Público, la Policía de Investigación, los servicios periciales y los equipos especializados en análisis de datos, cuya eficacia está estrechamente vinculada al uso de tecnología.
Entre las herramientas consideradas indispensables destacan los sistemas para identificación de huellas dactilares, reconocimiento facial, análisis de ADN, identificación balística de armas de fuego y equipos para desbloqueo y extracción de información contenida en teléfonos celulares.
Sin embargo, el reporte concluye que, pese a que desde la implementación del sistema penal acusatorio en 2004 se planteó la necesidad de modernizar las investigaciones, la mayoría de las entidades federativas nunca desarrolló capacidades tecnológicas suficientes.
El rezago digital, advierte el documento, se refleja en el escaso uso de evidencia obtenida mediante herramientas tecnológicas, lo que debilita la integración de las carpetas de investigación y disminuye las posibilidades de éxito durante los juicios.
Además, México Evalúa sostiene que tampoco existen políticas públicas homogéneas que impulsen la modernización tecnológica de las fiscalías, por lo que cada entidad ha avanzado a ritmos distintos o, en muchos casos, permanece prácticamente estancada.
El informe añade que el problema no se limita a la falta de equipos tecnológicos, sino que responde a un modelo de investigación que sigue privilegiando el expediente en papel, aunque éste sea escaneado o digitalizado, sin una estrategia enfocada en resolver los casos.
La organización concluye que mientras las fiscalías no transformen su forma de investigar y no incorporen plenamente herramientas digitales para construir pruebas sólidas, la inversión en tecnología difícilmente se traducirá en una reducción de la impunidad.
