Por Rogelio Rodríguez Mendoza||Noticentro.mx
Dar “pitazos” sobre operativos, investigaciones o información reservada de las corporaciones de seguridad pública será castigado en Tamaulipas con penas de hasta ocho años de prisión y multas superiores a los 90 mil pesos.
La reforma al Código Penal del Estado fue aprobada este martes por el Congreso local y únicamente está pendiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado para entrar en vigor.
La modificación surgió de una iniciativa promovida por el diputado de Morena, Humberto Armando Prieto Herrera, con el propósito de frenar la filtración de información sensible relacionada con tareas de seguridad pública.
Para ello se creó el artículo 207 Septies del Código Penal, mediante el cual se tipifica como delito el uso indebido de información obtenida a través de sistemas, equipos o medios informáticos vinculados con instituciones de seguridad.
El nuevo ordenamiento establece que quien, teniendo acceso autorizado a sistemas informáticos de seguridad pública, obtenga, copie, utilice, revele o transfiera información reservada o confidencial que comprometa la seguridad de las instituciones, los operativos o la integridad de las personas, será sancionado con penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de 400 a 800 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Con los valores vigentes de la UMA, las sanciones económicas podrán superar los 90 mil pesos y acercarse a los 180 mil pesos.
La reforma cobra especial relevancia porque no sanciona únicamente a quienes accedan ilegalmente a bases de datos o sistemas informáticos, sino también a servidores públicos o personas autorizadas que hagan mal uso de la información a la que tienen acceso por razón de su cargo.
Los legisladores consideraron que la divulgación de datos sensibles puede comprometer investigaciones en curso, operativos policiales, estrategias de inteligencia y la seguridad de víctimas, testigos y elementos de las corporaciones.
Además, cuando el responsable sea o haya sido servidor público de una institución de seguridad pública, la pena podrá incrementarse hasta en una mitad.
En esos casos también procederá la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión pública por un periodo equivalente al de la sanción impuesta.
Otro aspecto relevante es que el delito será perseguido de oficio por el Ministerio Público, lo que permitirá iniciar investigaciones sin necesidad de que exista una denuncia formal por parte de la institución afectada.
Con esta reforma, Tamaulipas busca cerrar el paso a las filtraciones de información estratégica y castigar una práctica que con frecuencia ha permitido a grupos delictivos anticiparse a operativos o evadir acciones de las autoridades.
