Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Este martes reciente, el Pleno del Congreso del Estado recibió una iniciativa de decreto que propone negar la expedición, renovación o reposición, de la licencia de conducir a quienes tengan multas de tránsito pendientes de pago. La propuesta es del diputado de Morena y férreo aspirante a la alcaldía de Matamoros, Isidro Vargas Fernández.
El legislador sostiene que la reforma es necesaria porque existe un número considerable de automovilistas que evaden el pago de las infracciones aprovechando las lagunas del sistema. Visto así, la iniciativa tiene sentido. Nadie puede estar en desacuerdo con la necesidad de fortalecer el cumplimiento de la ley.
No obstante, el problema no está en lo que propone, sino en lo que deja fuera.
Porque si el Congreso pretende utilizar la licencia de conducir como un mecanismo para obligar a los ciudadanos a cumplir ciertas obligaciones, valdría la pena preguntarse si las prioridades están colocadas en el lugar correcto.
Veamos: una multa sin pagar representa una falta administrativa. En cambio, circular sin seguro de daños contra terceros puede convertirse en una tragedia para una familia entera. Por ende, ¿no sería mejor condicionar también la entrega de la licencia de conducir a acreditar el pago del seguro?
La Ley de Tránsito ya establece la obligación de contar con una póliza de seguro. No se trata de inventar una nueva exigencia ni de crear más burocracia. La obligación existe desde hace años. Lo que ocurre es que nadie parece interesado en hacerla cumplir.
Se estima que apenas cuatro de cada diez automovilistas cuentan con una póliza vigente. Es decir, la mayoría circula diariamente sin una garantía mínima para responder por los daños que pueda ocasionar en un accidente. Y accidentes hay todos los días.
Basta revisar los reportes de las corporaciones de emergencia para encontrar choques con lesionados, vehículos destrozados y familias enfrentando gastos médicos que, en muchos casos, terminan pagando de su propio bolsillo porque el responsable carece de seguro y, frecuentemente, también de recursos económicos para responder.
Cuando un conductor provoca un percance y tiene una póliza vigente, existe al menos la certeza de que habrá respaldo para cubrir daños materiales, atención médica e incluso indemnizaciones. Cuando no existe ese seguro, comienza el desfile de promesas incumplidas, demandas interminables y víctimas abandonadas a su suerte.
Por eso la iniciativa del diputado Vargas es buena, pero podría ser mucho mejor. Si se va a condicionar la licencia de conducir al cumplimiento de obligaciones legales, parece más urgente exigir la acreditación de un seguro vigente que cobrar una multa pendiente. Lo primero protege vidas y patrimonios. Lo segundo fortalece la recaudación.
Y entre recaudar dinero y proteger ciudadanos, la prioridad debería ser obvia.
¿O no cree usted?
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
