Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
Las mujeres que se defiendan de su agresor podrían recibir una mayor protección legal en Tamaulipas, mediante una reforma que obligaría a jueces y fiscales a valorar el contexto de violencia de género al resolver estos casos.
La iniciativa fue presentada por el diputado de Morena, Isidro Jesús Vargas Fernández, quien propone modificar el Código Penal del Estado para incorporar de manera expresa la perspectiva de género en la figura de la legítima defensa.
La propuesta establece que podrá presumirse la legítima defensa cuando una mujer cause daño a quien ejerza violencia física, sexual, familiar o feminicida en su contra, siempre que exista un peligro real, actual o inminente.
Además, plantea que las autoridades judiciales analicen elementos como los antecedentes de violencia, amenazas, control coercitivo, relaciones de poder y condiciones de vulnerabilidad de la víctima antes de emitir una resolución.
Uno de los aspectos centrales de la reforma es que la ausencia de una denuncia previa por violencia no impediría acreditar que la mujer actuó en legítima defensa, al reconocer que muchas víctimas no denuncian por miedo, dependencia económica o presión social.
La iniciativa también crea un nuevo artículo 32 Bis para establecer criterios específicos que deberán ser considerados por jueces y fiscales al evaluar estos casos.
Entre ellos se incluyen el impacto psicológico de la violencia, las condiciones de subordinación frente al agresor y cualquier otro elemento que permita entender el contexto en que ocurrieron los hechos.
Asimismo, la propuesta reconoce como legítima defensa la intervención de terceros que actúen para proteger a una mujer víctima de violencia de género, siempre que su actuación resulte necesaria y racional para detener la agresión.
Otro cambio relevante plantea que, al determinar si hubo exceso en la legítima defensa, las autoridades deberán considerar si la víctima actuó bajo miedo, intimidación o afectaciones emocionales derivadas de la violencia sufrida.
Vargas Fernández argumentó que la reforma busca armonizar la legislación estatal con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fortalecer el acceso a la justicia para las mujeres que enfrentan contextos de violencia reiterada.
