Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
“Yo los invito a que ganen una elección… para demostrar que el pueblo de México ya no los quiere porque están en el basurero de la historia”, soltó el morenista Isidro Vargas Fernández desde la tribuna. La frase cayó como chispa en pólvora. Provocó molestia inmediata en PAN y PRI, encendió reclamos por alusiones, desató un áspero intercambio con Gerardo Peña Flores y terminó detonando uno de los debates más ríspidos de la actual Legislatura, antes de que el Congreso aprobara por unanimidad las dos iniciativas del Plan B electoral impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya.
La sesión ordinaria fue convocada para armonizar la Constitución local y las leyes secundarias con la reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sobre la mesa estaban cambios como la reducción del número de regidores y síndicos en los ayuntamientos, límites presupuestales para el Congreso y órganos electorales, topes salariales, eliminación de prestaciones extraordinarias y nuevas reglas para combatir nepotismo y reelección consecutiva.
Antes de que el choque político escalara, la panista Patricia Saldívar Cano fijó postura con datos duros. Advirtió que la reforma elimina 48 regidurías y 14 sindicaturas en los nueve municipios más poblados, lo que —afirmó— impactará directamente la representación de más de tres millones de tamaulipecos.
“Tamaulipas no puede seguir tolerando el injerencismo”, lanzó, al acusar que desde la Ciudad de México se pretende definir cómo deben integrarse los ayuntamientos y cómo deben operar las instituciones electorales locales. También alertó sobre el tope presupuestal de 0.7 por ciento para el Congreso y cuestionó los ajustes salariales al IETAM y al Tribunal Electoral.
Luego subió la priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente, quien abrió con una ironía que distendió por segundos el ambiente: “Voy a bajar el micrófono hasta acá, porque parece ser que cuando yo hablo le bajan al volumen”.
A diferencia del tono frontal del PAN, la legisladora construyó una crítica serena, pero cargada de contenido político. Cuestionó si la reducción de espacios responde realmente a criterios de eficiencia o si, en los hechos, limita la pluralidad. “¿Quién hablará por aquellos sectores que quizá no sean mayoría, pero también forman parte del pueblo de Tamaulipas?”, preguntó.
Luego dejó una de las frases más profundas de la jornada: “La democracia no se agota cuando se cuentan los votos. La democracia emerge cuando se escucha a todos”.
Y advirtió que “cuando una parte de la ciudadanía deja de estar representada, todos perdemos algo”.
Fue entonces cuando Isidro Vargas Fernández subió a tribuna para defender las iniciativas y alteró por completo la “temperatura” del recinto legislativo.
El morenista aseguró que la reforma mantiene intactas las proporciones de representación. Citó que con el nuevo esquema seguirán existiendo cinco regidurías plurinominales de un total de 15, equivalente a un 33 por ciento de representación, porcentaje que, sostuvo, garantiza la presencia de minorías.
Negó que exista afectación laboral en organismos electorales y aseguró que únicamente se establecen límites a la alta burocracia electoral. También subrayó que el tope presupuestal del Congreso “no afecta su operatividad”.
Pero el discurso subió de tono cuando acusó a PAN y PRI de cuestionar reglas que ellos mismos diseñaron en el pasado. “Yo los invito a que en 2027 vayamos a las urnas para saber quién es quién”, dijo, antes de rematar con la frase que hizo estallar el salón: “El pueblo de México ya no los quiere porque están en el basurero de la historia”.
La respuesta del panista Gerardo Peña Flores fue inmediata. En su voz se notaba el enojo.
“Traidores a la patria son quienes han entregado las llaves del pais al crimen organizado”, disparó desde tribuna. Luego elevó aún más el nivel del choque al recordarle a Isidro que ese señalamiento no provenía de la oposición.
“¿Y sabes qué? No lo decimos nosotros. Lo dijo tu jefe Mario López”, lanzó, en referencia al exalcalde matamorense. Y remató: “Fue él quien denunció cómo participó el crimen en las elecciones”.
La frase provocó murmullos y movimientos inquietos entre las curules morenistas.
Gerardo insistió en que la soberanía no es consigna ni arenga partidista. “Soberanía es que mande el ciudadano, no los generadores de violencia”, atajó, mientras advertía que el verdadero agravio a la patria es permitir que el crimen influya en la vida pública.
Como era de esperarse, el revire de Isidro llegó. Visiblemente molesto, respondió: “Si tiene pruebas, que las presente”, y lo emplazó directamente: “Nos vemos en los tribunales”.
Pero no se quedó ahí. Lo retó a transparentar su patrimonio, cuestionó que tribute fuera del estado y soltó otro dardo: “Vive en Nuevo León y viene a legislar a Tamaulipas. ¿Eso es justo para las familias tamaulipecas?”.
El debate alcanzó su punto más alto cuando Mercedes pidió intervenir por alusiones. Tras el forcejeo parlamentario, lanzó una advertencia: “Aguántese ahora, compañero. Aguántese”.
Luego, aprovechó para lanzar un mensaje que cayó como reprimenda política: recordó que su presencia en tribuna nunca ha sido para confrontar, sino para construir; reivindicó que en otros tiempos las mayorías legislativas privilegiaban el consenso y advirtió que “actuar como si las minorías estuvieran muertas es un error histórico”.
Con voz firme, remató con una reflexión que silenció por segundos el recinto: “Hoy soy la única diputada de mi fracción, pero si consuman este retroceso, mañana habrá voces que ni siquiera tendrán oportunidad de subir a esta tribuna”. Y cerró con un llamado que dejó eco en el salón: “Hagamos política que trascienda, no leyes que excluyan al que piensa diferente”.
Al final, de nada sirvió el “encontronazo” porque las dos iniciativas fueron aprobadas por unanimidad de votos.
La diferencia con el Plan B aprobado a nivel federal quedó marcada en un punto clave: mientras la reforma nacional aplaza la prohibición del nepotismo electoral hasta 2030, Tamaulipas la adelantó para aplicarla desde el 2027; además, el ajuste local fijó un límite máximo de 15 integrantes en ayuntamientos, incluyendo sindicaturas, y estableció controles presupuestales específicos para el Congreso y organismos electorales que no aparecen con ese mismo alcance en la legislación federal.
