Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Desde hace años, quizá demasiados, el debate sobre el verdadero alcance de los organismos defensores de derechos humanos permanece atrapado entre el discurso bien intencionado y la inacción institucional. Se habla de fortalecerlos, de robustecer sus facultades y de convertirlos en auténticos contrapesos del poder, pero al final casi siempre todo termina reducido a buenas intenciones.
El tema vuelve ahora al centro de la discusión pública porque el Congreso del Estado abrió una consulta en torno a una reforma a la ley de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, cuyo eje más polémico propone hacer obligatorias las recomendaciones emitidas por ese organismo, una vieja aspiración de quienes consideran insuficiente el modelo actual.
Se trata de una propuesta que exige sensatez jurídica. Darles carácter vinculante en el sentido estricto de una sentencia judicial no resulta viable bajo el diseño constitucional vigente, porque ello implicaría trastocar la naturaleza misma de los organismos defensores de derechos humanos y colocarlos en una esfera reservada a los tribunales.
Pero reconocer ese límite no significa resignarse a la impotencia institucional. Si la ley no permite convertirlas en resoluciones ejecutorias, sí puede establecer sanciones administrativas severas, comparecencias obligatorias, plazos fatales de cumplimiento y mecanismos públicos de seguimiento para quienes desacaten sin justificación.
Eso sería, en términos prácticos, dotar de dientes reales a la Codhet sin violentar el marco constitucional. Sería enviar un mensaje inequívoco a la burocracia estatal de que una recomendación ya no puede seguir tratándose como simple sugerencia decorativa archivada en algún cajón del olvido.
Porque esa ha sido, justamente, la tragedia de la Comisión en Tamaulipas. Durante demasiado tiempo ha operado bajo una percepción de debilidad que terminó vaciándola de autoridad moral y convirtiéndola, para muchos ciudadanos, en una ventanilla burocrática más.
La diputada Eva Reyes sostiene que es urgente fortalecer al organismo. Coincidimos. Una institución incapaz de hacer valer sus resoluciones termina convertida en pieza ornamental del aparato estatal, útil para el discurso oficial pero irrelevante para la defensa efectiva de las personas.
La propia presidenta de la Comisión, Tayde Garza Guerra, ha reconocido que más del 60 por ciento de las recomendaciones emitidas son incumplidas. El dato resulta demoledor porque confirma que buena parte del servicio público ha aprendido a ignorar a la Codhet sin pagar costo alguno.
De ahí la urgencia de aprovechar esta coyuntura legislativa. No para caer en el espejismo de una reforma jurídicamente inviable, sino para construir una ruta legalmente sólida que fortalezca la capacidad de presión institucional del organismo y obligue a las autoridades a responder con seriedad.
Si se trata de darle dientes a la Codhet, que sean dientes de verdad, capaces de morder al infractor y no simples colmillos de utilería para adornar otro fracaso legislativo.
EL RESTO.
ERASMO Y LOS “OTROS DATOS”.—En Madero, el alcalde, Erasmo González Robledo, presume ante propios y extraños que tiene la reelección asegurada. Minimiza el rechazo ciudadano bajo el argumento de que las protestas en su contra son montajes de sus adversarios, mientras apuesta su futuro político a sus relaciones con figuras de peso nacional.
El problema es que los maderenses tienen otros datos. El repudio a su administración crece al ritmo de los abusos de tránsito, del deterioro en los servicios públicos y de los señalamientos de huachicolero que siguen persiguiendo su nombre. Para decirlo sin rodeos, Don Erasmo está sentado sobre un polvorín y pareciera no darse cuenta.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
